El Congreso de la Nación inició hoy su receso tradicional de verano para retomar la actividad en febrero, cuando deberá abordar un abundante temario pendiente de proyectos.

Por medio del decreto N° 1641, publicado el jueves en el Boletín Oficial, el gobierno extendió las sesiones hasta el 28 de febrero. Sin embargo, las autoridades de ambas cámaras informaron que durante enero el Congreso se mantendrá sin actividad.

Aunque son una veintena los proyectos habilitados para tratar durante las sesiones de verano, los legisladores reconocen que difícilmente se logre agotar el temario. La mayoría, por lo tanto, quedará para el período ordinario que comienza en marzo.

La experiencia reciente demuestra que la renovación parlamentaria de este año consolidó un modelo de Congreso a la medida de la expectativas de Néstor Kirchner. Aunque no cuente con suficiente cantidad de legisladores "propios" surgidos de sus listas, la sumatoria de los votos de éstos con la de otros justicialistas, aliados de otros partidos y "transversales", más el concurso de la oposición en algunos temas, le permitió obtener la sanción de todos los proyectos que necesitó para desenvolverse en su gestión.

La mejor muestra de esto fue el veloz trámite con que fueron consagrados el Presupuesto -incluyendo delegación de facultades y congelamiento de sueldos y jubilaciones- y la emergencia económica, con la prórroga de un esquema impositivo criticado por regresivo, pero funcional a las necesidades de la caja, y también con delegaciones.

Tampoco debió esperar demasiado para que el Congreso habilitara el pago al Fondo Monetario Internacional, llevando a cabo las reformas normativas requeridas para dar el marco jurídico a una medida que ya había sido resuelta por decreto. Y lo mismo puede decirse de la promocionada ley de Financiamiento Educativo.

En febrero, en cambio, el regreso a la actividad en la Cámara de Diputados será turbulento, ya que el kirchnerismo lleva a la cabeza de sus prioridades la aprobación de la reforma al Consejo de la Magistratura.

Los principales referentes de la oposición se unieron para rechazar en conjunto el proyecto, que busca reducir la cantidad de integrantes del organismo, y quebró el diálogo político de la Cámara.

La reforma ya fue aprobada en el Senado y cuenta con un dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados.

De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada en el recinto, aunque el oficialismo carece todavía de los 129 votos necesarios para aprobarla. La exigencia de una mayoría especial (la mitad más uno del total de los diputados) es una imposición constitucional.

A la luz de esa exigencia -un escollo que ni la vehemencia presidencial, ni el rígido alineamiento de sus partidarios pueden soslayar-, los afanes del gobierno están orientados ahora a alcanzar esa cifra, tentando a una bien dispuesta parte las huestes duhaldistas y a los representantes del adolfismo.

De toda formas, si bien la discusión sobre el Consejo acaparó la mayor parte de la atención, en el temario esperan su tratamiento un conjunto relevante de iniciativas, a saber:

- Normalización del Pami.

- Exención impositiva del impuesto a las Ganancias para las pequeñas y medianas empresas que reinviertan sus utilidades en la compra de bienes de capital.

- Aumento de penas para el lavado de dinero proveniente de actividades terroristas.

- Régimen de promoción de biocombustibles: biodiesel, bioetanol y biogás.

- Autorización para financiar obras de expansión del sistema de distribución de gas y electricidad a través de aumentos específicos de las tarifas.

- Creación de la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria. Su objetivo es reemplazar al sistema que quedó fuertemente cuestionado tras el tráfico de drogas a través de vuelos de Southern Winds.

- Nuevos regímenes promocionales de exploración y explotación de hidrocarburos.

- Creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA "AR-SAT".

- Ley Antitabaco.

- Endurecimiento de las multas contempladas en la ley de Defensa de la Competencia.

- Régimen de promoción de la biotecnología.

- Eximición de impuestos para la importación de gasoil, con el objetivo de traer combustible de Venezuela para abastecer al agro.

Según dispone la Constitución desde 1994, cuando fue creada la figura del jefe de Gabinete de ministros, este funcionario debe concurrir al Congreso -alternando las cámaras- con una frecuencia, como mínimo, mensual.

Sin embargo, según constata en su edición de hoy el diario La Nación, Alberto Fernández lo hizo solamente en una oportunidad durante todo el año pasado: el 30 de marzo. Fue una tumultuosa sesión en la cual los diputados de la oposición esperaban precisiones sobre el escándalo de las "narco-valijas" de Southern Winds, aunque el jefe de Gabinete prefería hablar sobre el canje de la deuda.

Como sea, no volvió a repetir la experiencia. Las críticas no se hicieron esperar: "Se gobierna por decreto, el Congreso delega sus principales facultades y el jefe de Gabinete incumple con su función de dar informes", resumió el arista Adrián Pérez. "El jefe de Gabinete hoy sólo cumple tres funciones: reasignar partidas del presupuesto, ser el justificador mediático de las acciones del presidente y ser el provocador del gobierno", evaluó el jefe del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz. "El gobierno utiliza al Poder Legislativo como una escribanía", aportó Andrés Zotto, diputado del interbloque Propuesta Federal, mientras el socialista Rubén Giustiniani puso el acento en "la falta de consideración que este gobierno tiene con el Poder Legislativo".

Al jefe del bloque de senadores justicialistas, Miguel Pichetto, le tocó salir a justificar el incumplimiento del mandato constitucional, invocando "cuestiones de agenda" y recordando que "éste fue un año electoral".