Al cierre de esta edición, el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, mantenía una reunión informativa con los senadores del oficialismo y de la oposición en dependencias de la presidencia de la Cámara Alta relativa a la reforma de la estructura de la Policía y de sus institutos de formación.

Rosúa adelantó, además, que en cuestión de días habrá novedades respecto del proceso penal oral, una demanda que lleva años en la provincia, a fin de agilizar los procesos judiciales, pero sobre el punto no dio mayores detalles.

El ministro considera que la reforma policial -que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados y tiene estado parlamentario hasta el 30 de abril- es imprescindible para "democratizar" a la Policía, a la que describió como burocratizada y corporativa.

Habló de producir "un punto de bisagra" en la historia de la Policía santafesina con la aplicación de la norma propuesta por el Ejecutivo.

El ministro sostuvo que el camino es tender al "control social" de la fuerza mediante la formación de juntas de seguridad similares a las que hoy -en algunas jurisdicciones- funcionan a nivel barrial e, incluso, departamental.

El funcionario expuso largamente las ventajas de terminar con un sistema aristocratizante que divide a los agentes policiales en oficiales y suboficiales impidiendo el paso de un escalafón a otro y consignó que, por el contrario, al crearse un escalafón único se privilegian el mérito y la formación de los funcionarios policiales en sus carreras.

Explicó ante una consulta periodística que la integración de tribunales en cada una de las unidades regionales como propone la ley no terminará con la acción de investigación que desarrolla la Dirección de Asuntos Internos, que depende de Gobierno, no de la Policía.