La razón por la cual la Fiscalía de Estado de la Provincia no apeló en 1994 la resolución dictada por el juez Mauricio Frois, a través de la cual permitió el funcionamiento de máquinas de videopóker en el Club del Orden y el Círculo Italiano, habría sido la inexistencia -hasta ese momento- de una normativa que provea de base jurídica suficiente como para hacerlo.

Así fue argumentado por fuentes del propio organismo ante la consulta de El Litoral, en función de las declaraciones realizadas ayer por el magistrado, cuya actuación en el tema está siendo investigada por decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"La negligencia de Fiscalía de Estado no me la pueden atribuir a mí", dijo Frois. "Yo nunca autoricé el funcionamiento de minicasinos. Yo ni sé qué es un minicasino. Lo que hice en 1994, fue autorizar la instalación de máquinas de videopóker para pura distracción. Así lo digo yo en la resolución, defendiendo el derecho de trabajo", sostuvo. Y relató que "en aquel momento Fiscalía de Estado no apeló mi resolución, por lo que quedó firme. Posteriormente, conociendo mi criterio, otras personas me presentaron tres o cuatro amparos más en el mismo sentido. Yo mantuve mi postura, pero en esos casos Fiscalía sí apeló y la Cámara resolvió que yo no era competente", remarcó el magistrado.

Justamente, la razón por la que el entonces fiscal de Estado Eduardo Alvarez -que, por otra parte, libró una verdadera batalla campal contra los bingos instalados en el sur de la provincia- no apeló la resolución de Frois, fue la falta de una norma prohibitiva del juego que le proporcione suficiente base jurídica.

De hecho, fue el propio Alvarez quien solicitó al Poder Ejecutivo la sanción de una norma de ese tipo, por considerar que la legislación provincial y municipal al respecto era "dispersa e insuficiente". Así lo hizo en un dictamen de abril de 1995, pidiendo que se prohiba expresa y específicamente "la instalación y explotación comercial de este tipo de actividades, disociativas del núcleo familiar". La recomendación dio pie a que, unos meses después, se dictara el decreto 3382, por el cual se prohibió ese tipo de juegos en la provincia.

"Si después la autoridad administrativa o legislativa prohibió esa actividad que yo acepté, lo ignoro. No es de materia mía", dijo ayer el propio Frois a este diario.

De hecho, a partir de la sanción de ese decreto -como también relató ayer el magistrado-, la Fiscalía de Estado sí apeló en los siguientes amparos.