Esta semana se cumplió un mes desde que Aguas Santafesinas SA (Assa) se encuentra a cargo de los servicios sanitarios. Frente a las dudas que generaba el cambio, la nueva empresa continuó con las prestaciones como si no se hubiera ido la concesionaria franco-española, siendo éste un punto a su favor. Más, reforzó la contratación de cuadrillas para hacer frente a los reclamos puntuales y ya anunció primeras obras de singular importancia para Santa Fe y Rosario.

Esta periodista comparte el criterio del presidente de Assa, Juan Carlos Venesia, de que debe despolitizarse la prestación de los servicios, esto dicho no por una cuestión de acomodarse a los nuevos tiempos, porque no estaba de acuerdo en que se alejara la concesión francesa. Asimismo, entiende el sentido de los conceptos vertidos por el presidente del bloque de diputados justicialistas, Mario Lacava, cuando en la sesión del jueves, en el recinto, reclamó "ponerle el hombro a la nueva empresa. El debate (si debería ser estatal o privada) ha concluido", dijo. "He escuchado muchas veces a la oposición reclamar una empresa estatal; ahora, esto se ha hecho y hay que gestionarla", refirió el legislador.

Lo solicitado guarda toda la lógica del mundo: se debe despolitizar la prestación de los servicios públicos y lograrse un ámbito de construcción entre oposición y oficialismo que defienda el derecho de los usuarios y el futuro de la provincia. En este contexto, no debería demorarse la compra de acciones de Assa y la integración de su directorio de la manera más multipartidaria posible. Aguas Santafesinas SA representa un comenzar de nuevo, otra oportunidad, tras haberse perdido la diseñada diez años atrás.

El viernes, el gobernador Jorge Obeid envió a la Legislatura el mensaje para la creación de un ente único de control para todos los servicios públicos -Ecosep- que absorberá al Enress.

El mandatario redobló la apuesta con el expediente ingresado por la Cámara de Diputados porque, además de este tema complejo, incluye en el articulado el marco regulatorio del servicio eléctrico, la creación de una dirección provincial de Energía Productiva, la autorización para adherir al Estado santafesino a Enarsa mediante la compra de acciones, la prohibición de transferir las acciones de Assa clase "A" -son las pertenecientes a la provincia- y, finalmente, el pedido de autorización para constituir fideicomisos para el financiamiento de las obras que requieran tanto la EPE como los servicios sanitarios. Por la importancia de los temas que aborda, el proyecto podría denominarse "una ley ómnibus".

El mensaje requiere para su comentario una explicación por parte de expertos, por lo que no es intención de esta entrega de "Apuntes..." opinar, sino poner de relieve algunos conceptos comprendidos en la cuestión, como por ejemplo, que "la política energética deberá subordinarse a la política general del Estado", razón por la cual se prevé la creación dentro del Ministerio de la Producción de la Dirección de Energía Productiva, que asumirá algunas funciones hasta ahora a cargo de la EPE, pero ampliándolas.

En el art. 73 se indica que dicha repartición cumplirá, entre otras funciones, la de "diseñar estrategias y ejecutar políticas en materia de electricidad, gas, combustibles líquidos y energías no convencionales...". Asimismo, "la de elaborar la matriz energética de la provincia, a fin de planificar con la debida antelación las mejores soluciones energéticas que la producción en su ámbito demande".

Santa Fe no es productora de energía eléctrica, pero podría en el futuro serlo, a partir de la usina que se prevé construir en las cercanías de Rosario. El mensaje se anticipa a esta situación y contempla la generación cuando en el capítulo III, "Agentes de la actividad eléctrica", se refiere a los generadores, los autogeneradores, los cogeneradores, además de los distribuidores (artículo 23).

En tanto, en el punto siguiente, el art. 24, deja claramente establecido que "la comercialización, distribución y toda otra actividad asociada a la prestación del servicio eléctrico sólo podrán ser efectuadas por empresas del Estado provincial y por las cooperativas creada a este fin". Deja afuera de esta expresa disposición todo lo que fuere generación, es decir, ésta sí podría estar en manos privadas si fuera el caso.

Otro aspecto que llamó la atención en el proyecto, ha sido la intervención del ente único de control (Ecosep) en la determinación y revisión de las tarifas, un ámbito antes sólo reservado a la determinación del Poder Ejecutivo y a la EPE, según los casos.

Para este organismo, el Ecosep, el gobernador previó un directorio que se integrará con seis miembros: tres elegidos por el Poder Ejecutivo, otro propuesto por los partidos de la oposición, un quinto en representación de los municipios y comunas y el sexto de los usuarios, "elegido por voto popular en acto eleccionario provincial".

En el caso de los cuatro primeros, deberán contar con acuerdo del Poder Legislativo. Además, se prevé un consejo consultivo con participación de las universidades y entidades de los usuarios.

Como hemos señalado, el mensaje del PE es muy amplio por las materias que abarca. Una primera lectura permite inferir que la EPE perdería algunas atribuciones que pasarían tanto al organismo de control como al Ministerio de la Producción. La trama de controles para esta empresa y para Assa va más allá de cómo prestan los servicios al usuario.

El interrogante es qué importancia le dará la Legislatura. Desde todos los ángulos doctrinarios se han venido reclamando cambios. Obeid ha puesto a consideración de los partidos con representación parlamentaria una propuesta de control, que incluye a muchos actores sociales. Sería deseable que el debate estuviera lo menos impregnado de intereses partidistas y sí abordara las soluciones que se demandan lo más técnicamente posible.