En 84 artículos, divididos bajo seis títulos, a lo largo de dos extensos capítulos el Ejecutivo provincial propone cambios de fondo sobre el control de los servicios públicos.

Una lectura atenta sobre el articulado que debatirán las Cámaras para la creación del ente único de control -que responderá a la sigla de Ecosep-, muestra un acercamiento del gobierno provincial a las demandas históricas de la oposición, o al menos a parte de ellas, formuladas tanto desde la UCR como del PS. También, a parte de los reclamos de entidades que criticaron los procesos de privatización de los '90.

Es toda una novedad en el campo de los servicios públicos la inclusión en el directorio de los usuarios y de las municipalidades y comunas, y la decisión de llevar a la propia ley lo que ha sido una tradición (en el caso del Enress): un representante por la oposición.

El Directorio de 6 miembros tendrá tres propuestos por el Ejecutivo. Sus mandatos serán de 4 años y sus designaciones requerirán acuerdo del Legislativo.

El texto elevado a la Legislatura crea también un marco regulatorio para la provisión del servicio eléctrico, una de las preocupaciones centrales de la norma -aún en vigencia- que pretendía la privatización de la EPE, en el que predominan las definiciones técnicas sobre condiciones de calidad.

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La planta de personal del Ente de Control de los Servicios Públicos estará conformada por el personal del actual Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress). Y de acuerdo con la ley propuesta por el gobernador Jorge Obeid, "la incorporación de nuevo personal se efectuará dando preferencia a los agentes de planta permanente, contratado o eventual de la Empresa Provincial de la Energía, y no podrá exceder de un número razonable para el cumplimiento de sus objetivos, facultándose al Poder Ejecutivo a fijar la cantidad y capacitación de la misma, siendo seleccionado por el directorio".

Al describir la competencia del Ecosep (que tendrá su propio presupuesto) la norma impulsada por el Ejecutivo define con 23 enunciados los objetivos que deben guiar al ente de control. Lo dota de las potestades legales para "controlar que se cumplan las políticas fijadas por los respectivos marcos regulatorios y los compromisos asumidos por los prestadores ante el concedente y sus actuales y futuros clientes".

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Contra las decisiones del Ecosep, a las empresas prestadoras -o los usuarios afectados por sus decisiones- les quedará dentro del proceso administrativo como "vía de alzada", dirigirse "directamente ante el Poder Ejecutivo", el que deberá resolver la cuestión "en el término de 60 días corridos: en caso de silencio o desestimación quedará expedita la vía ante la justicia ordinaria".

Por otra parte, el Directorio podrá convocar a un Consejo Asesor que abre aún más la participación a otros sectores cuando se trata de tomar decisiones de fondo sobre los servicios. Estará integrado por: un representante de cada una de las universidades con asiento en la provincia de Santa Fe; un representante de las Asociaciones o Fundaciones que, contando con la debida autorización estatal, tengan por principal objeto la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; y un representante de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe.

Este Consejo Asesor "a requerimiento del Directorio propondrá las iniciativas que considere oportunas y convenientes para mejorar la calidad de los servicios públicos, como también para la defensa de los derechos de los usuarios y la resolución adecuada de sus reclamos".

Más allá del texto del mensaje, cabe decir que aunque sus opiniones y pronunciamientos tendrán "carácter consultivo no vinculante", estas constituirán -sin dudas- una referencia de peso ante la opinión pública: no debe olvidarse que aquí sólo habrá un funcionario provincial, sus demás miembros serán designados por el sector universitario y las entidades que defienden los derechos de los usuarios.

Una vez aprobada la ley, el Ejecutivo deberá "dictar las normas que sean procedentes para la puesta en funcionamiento del Ecosep en un plazo no mayor a 120 días", desde su entrada en vigencia.

El proyecto de ley que discutirán las Cámaras dispone un "período especial de adaptación" para que la Empresa Provincial de la Energía -inversiones mediante por unos 160 millones en el bienio 2006-2007- quede en condiciones objetivas de poder cumplir con el nuevo marco regulatorio.

En los considerandos y el articulado del texto propuesto por el gobernador a la Legislatura se admite que "en la actualidad la prestación del servicio eléctrico se encuentra atravesando un momento crítico que debe ser atendido" y por ello "se propone un período especial para su adaptación".

Durante dicho período "la Empresa Provincial de la Energía deberá ejecutar un Plan de Obras que permitirá evitar las fallas que provocan la interrupción del servicio de energía. Se dispone además el mecanismo de financiamiento que posibilite a la Empresa Provincial de la Energía realizar las inversiones".

"La actual prestación de servicios provoca molestias a los usuarios del servicio y merece ser atendida; por este motivo, el proyecto que se acompaña prevé que durante el primer año la Empresa Provincial de la Energía deberá reparar a sus clientes por cortes en el servicio, hasta tanto se adecue el sistema al Marco Normativo de Calidad".

Las mismas consideraciones que tendrá la EPE se reservan a las cooperativas eléctricas. El proyecto de ley les dedica un capítulo, que consagra sus respectivas concesiones por 30 años en el actual ámbito de actuación.

"El Poder ejecutivo formalizará la concesión reconociendo, en caso de existir, los contratos celebrados entre las autoridades locales y las cooperativas, con la sola condición de que las cooperativas se ajusten a la presente ley", dice el artículo más interesante para el sector cooperativista.

"Durante los primeros 12 meses del período de adaptación las cooperativas eléctricas y la Empresa Provincial de la Energía deberán adaptar sus procedimientos, normativas internas, estructuras físicas y comerciales al control que surja de Normas de un Marco Normativo de Calidad que integrará este Marco Regulatorio", y deberá ser creado en el ámbito del Ecosep.

El presidente

de Adecua Rosario, Christian Galindo, reclamó objetividad en la creación del ente regulador único, además de autonomía funcional, autarquía financiera, elección de los miembros del directorio por concurso público y participación de los usuarios en la toma real de decisiones. "Caso contrario, será inevitable un nuevo fracaso en la fiscalización de los servicios públicos de nuestra provincia, con el consiguiente perjuicio para los consumidores santafesinos", acotó.