Si cada agricultor levantara la cosecha con máquinas propias resignaría más o menos un 18 por ciento de su rentabilidad, según un estudio conjunto entre la Universidad Nacional de La Plata y la Dirección de Estadística de la provincia de Buenos Aires.

Sin dudas este es el principal argumento para explicar la trascendencia que adquieren los 15.000 contratistas rurales que, se estima, existen en el país. Ellos se encargan de levantar el 75 por ciento de la cosecha nacional y son los responsables del 60 por ciento de las tareas agrícolas generales, que también comprenden laboreo, siembra y pulverización.

Como profesionales de su rubro, los propietarios de maquinaria que prestan servicios al productor se agrupan en una entidad nacional de segundo grado, la FACMA (Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola). A ella pertenecen la Asociación de Propietarios de Maquinas Rurales de Casilda, que cuenta con unos 1.600 asociados y 3.200 máquinas, y el Centro de Contratistas de Maquinaria Agrícola de San Vicente (Cecoma), que agrupa alrededor de 60 propietarios de unas 250 máquinas.

La mayor actividad que desarrollan está volcada a la trilla, ya que muchos productores optan por tener su propia sembradora, aunque últimamente tuvieron un fuerte crecimiento los servicios de pulverización terrestre, al mismo tiempo que la cosecha de forrajes gracias al crecimiento de la rentabilidad en los tambos.

El valor de una cosechadora de última generación ronda los 170.000 dólares y el tiempo ideal para amortizarla debiera ser de 10 años. Pero algunos referentes aclaran que, por lo general, buscan acortar ese plazo ante la necesidad de mantenerse actualizados en materia tecnológica y mejorar en forma constante el servicio al productor.

Así las cosas, conservar el cliente es la prioridad en un negocio que se sustenta en la confianza mutua, por lo que es regla para los dueños de las máquinas mantener una agenda inamovible.

"Algunas veces los productores se desesperan por encontrar máquinas, pero otras sobran y ahí es cuando se nota la ventaja de mantener la clientela", comentan.

La teoría indica que el valor del servicio que prestan debiera estar atado a los costos. Pero eso no siempre es posible: en la campaña 2004/05 tuvieron que resignar parte de la ganancia por la caída en la rentabilidad del productor.

Ocurre que por un lado se mueve el precio de los granos y por el otro el de los insumos. Mientras los primeros suelen mantener cierta estabilidad, es normal que los segundos sean importados o estén dolarizados (o tributen el 21 por ciento de IVA contra el 10.5 de la venta del cereal). Y a ello hay que sumarle, entre otras cosas, la movilidad salarial de los operarios.

Para orientar a sus socios, hoy FACMA cuenta con un índice de precios que corresponde cobrar por el trabajo según el cultivo y teniendo en cuenta los gastos operativos, la amortización del capital y una utilidad del 20 por ciento. Así, con una cosechadora categoría B de 230HP, levantar una soja de 24qq se aconseja cobrar $147.20+IVA por hectárea o $169.4+IVA por un maíz de 70qq.

Y no sólo el IVA diferencial los hermana con los agricultores (además de que muchos contratistas trabajan su propia tierra). También los asemeja la lista de problemas estructurales que deben enfrentar al momento de salir a las rutas, sobre todo por el mal estado de muchas o la inexistencia de caminos alternativos.

Pero el principal inconveniente es el traslado de las máquinas. La Reglamentación Nacional de Tránsito Agrícola estableció en 1995 que si superan los 3.5 metros de ancho deben ser trasladadas en carretones (antes de esas fecha el máximo era 2.8 metros). El problema es que esta norma fue superada por la tecnología y, en la actualidad, el 85 por ciento del parque nacional de maquinaria cuenta con un ancho de 3.9 metros, por lo que el tránsito se torna engorroso. "Las rutas de hoy están hechas para máquinas de hace 30 años", opinan algunos.

Como si fuera poco, los contratistas (que en muchos casos recorren buena parte de la geografía argentina) también deben toparse con impedimentos burocráticos para poder salir a la ruta. Por ejemplo, necesitan un permiso de cada provincia por la que deben transitar.

Estas y otras cuestiones, como las restricciones al tránsito en los puentes interprovinciales, forman parte de la lista de reclamos de los contratistas. Sobre todo en épocas como ésta, en que la premura de la trilla transforma el tiempo en oro y desperdiciarlo es un lujo que nadie se puede dar.