Néstor Kirchner se anotó esta semana un punto a favor y, de concretarse una rebaja real de los precios de la carne en las góndolas, puede significar un golpe de gracia a la tendencia inflacionaria que comenzó a formarse a comienzos de 2005 y que devino en la principal preocupación del gobierno.

La primera particularidad de esa lucha personal del presidente contra la suba de precios es que se trata de una pelea que no respeta ninguna de las reglas de la economía ni de la experiencia internacional más exitosa, y despierta críticas por derecha e izquierda. La segunda señal de identidad es que, desde afuera de los esquemas y teorías, parecería empezar a mostrar signos inequívocos de éxito.

No se trata de pases de magia, ni de cuestiones que no se puedan explicar desde la estadística, pero el formato de presión insoportable sobre los sectores responsables de la producción, distribución y comercialización de los productos y servicios que más influyen en el índice general de precios puede rumbear hacia un 2006 con tasas de inflación del orden del 11 al 12 %, una cifra mucho más que aceptable para la perspectiva que -apenas 6 meses atrás- dibujaban economistas independientes y miembros del propio gobierno.

Además, si, como afirman muchos de los principales consultores, la economía confirma un horizonte de crecimiento anual que estaría en un piso del 8 %, aquella tasa de inflación será no sólo mucho más que digerible, sino que se habrá roto la certeza de los analistas más críticos que auguraban a fin de 2005 un crecimiento en pendiente, afectado en particular por la performance proyectadamente negativa de indicadores como la inflación.

Los acuerdos de precios, en otras palabras, parecen estar funcionando mucho mejor de lo esperado, tanto por el efecto de desarticulación en las expectativas inflacionarias y en la ruptura del fenómeno de anticipo inflacionario que siempre mencionó Felisa Miceli, como en su capacidad para demostrar que la relación de tirantez entre un poder político fuerte y sectores económicos con tendencia a la domesticación parcial no genera hecatombes económicas ni huidas masivas de capital.

Kirchner entendió antes que nadie en su gobierno que la mera irrupción del fantasma de la inflación pondría en jaque a su gestión. Dedujo que no habría otra preocupación central en su día a día, y enfocó ese tiempo a una estrategia generalmente criticada de control de precios, vía acuerdos temporales y siempre forzados. Así decidió enfrentar los problemas de escasez de oferta y explosión de la demanda mediante el poco ortodoxo recurso de volcar su inmenso poder político contra los sectores productivos para bloquear una salida lógica dentro del capitalismo: los aumentos de precios son una consecuencia natural de la sobredemanda.

En ese marco, y sin que haya concluido aún la guerra contra la inflación, ni existan datos certeros para tirar a la basura las principales preocupaciones respecto de las consecuencias de una política como la adoptada por el gobierno (desaliento a las inversiones, sobre todo), las cifras publicadas esta semana por el Indec permiten imaginar algo más que un dejo de esperanza sobre el resultado de esta guerra en el corto plazo.

El plan K contra la inflación no explica su probable éxito solamente en los acuerdos de precios y en la dureza contra los sectores productivos: el crecimiento de la importación que muestra la estadística es una demostración de que los excesos de demanda se están cubriendo con mercados externos, evitando en parte una estampida de precios.

Por otra parte, es clave reconocer que el foco puesto por el gobierno en la baja del índice general de precios no puede ocultar la realidad en sectores específicos de la economía: por ejemplo, en los servicios desregulados la inflación anualizada supera el 18 %. De hecho, el gobierno está empezando a mirar con lupa el componente servicios en muchos de los precios que suben dentro de rubros como verduras o frutas, para intentar trasladar allí la presión que empezó por los productores y comercializadores.

Respecto de las inversiones, aunque toda la teoría y la evidencia del comportamiento de las empresas extranjeras demuestran que los controles de precios ahuyentan la llegada de capitales productivos, el gobierno puede contar como válido un factor que ya reflejan las estadísticas: para no perder participación de mercado las empresas argentinas que mejor conocen la idiosincrasia social y política no han dejado de invertir, justificando en parte la subsistencia de una tasa relativamente aceptable.

Hasta ahora la sábana corta de la política implicó que el foco excluyente del presidente en la lucha contra la inflación dejara amplia e impiadosamente al descubierto áreas de gestión clave. El caso más tangible es el de la política externa, en donde, nuevamente, la semana cierra con mucho más que malas noticias relacionadas con el conflicto con Uruguay por las papeleras.

La experiencia de casi tres años de gestión no debería llevar a alimentar la ilusión de un presidente que, superado lo más duro de la lucha antiinflacionaria, asuma obligaciones que hasta ahora quedaron en segundo plano. Pero también la evidencia de problemas que estallan simplemente por no haberlos enfrentado, pueden definirle a Kirchner una agenda de mediano plazo menos localista y más orientada a levantar la cabeza y mirar la cancha en toda su extensión. En ese desafío, el caso papeleras será para lo que resta del año la madre de todas las batallas.