Los números que han preparado esta semana los técnicos de la cadena ganadera para solventar uno de los puntos del acuerdo con el Gobierno -el referido a liberar el peso mínimo de faena- dicen que si esa medida se hace efectiva, los frigoríficos podrían contar este año con 500 mil animales más en sus corrales.

Visto desde la coyuntura, el número es más que tentador si lo que se busca es contar con un abastecimiento acorde con una demanda en alza (el incremento de la masa salarial es un fuerte activador del consumo interno) y, además, lograr la rehabilitación paulatina de las exportaciones.

Antes de que a mediados de semana se produjera el sorpresivo recambio del secretario de Coordinación Técnica, Lisandro Salas -principal negociador de Economía para los acuerdos de precios- se habían concretado un par de reuniones en el seno de la flamante comisión de seguimiento para el convenio de las carnes.

En el primero de esos encuentros, fuentes de la producción reconocieron "un avance importante" sobre algunos ítems, en particular el referido a la cláusula sobre pesos mínimos. Ya se sabía que la intención del Gobierno era dejar sin efecto el piso de 300 kilos que debía comenzar a regir el 1� de mayo. Uno de los cálculos que están en los borradores para llevar a la reunión pautada para el próximo martes es que si el piso queda finalmente en 260 kilos (más flexible que los 280 actuales), el aporte de oferta adicional, en forma anualizada, llegaría a más de 200 mil cabezas.

Otro planteo que hicieron productores y frigoríficos es que se dejen liberadas para la exportación las categorías de vacas y novillos con destino a conservas o carne tipo manufactura como la que importan Rusia y otros destinos. Esto, habida cuenta de que estacionalmente en esta época del año se realizan los tactos y los descartes, y se comercializan estas categorías con mayores volúmenes. Los técnicos de Economía, en este punto, presentaron algunas estadísticas para demostrar que el precio de la vaca conserva arrastra el valor de las otras categorías, y de allí la necesidad de poner eventuales cupos.

La entrada, en lugar de Salas, de Guillermo Moreno, quien se venía desempeñando como subsecretario de Comunicaciones de la Nación, fue vista como una decisión de Néstor Kirchner de imprimir un giro aún más firme para reforzar la política de estabilización de precios.

Mientras el removido Salas mantenía los primeros contactos "pos convenio", el martes y el miércoles, con representantes de las entidades agropecuarias y de los frigoríficos, en la Casa Rosada se seguían con disgusto las subas en el mercado de Liniers (el novillo repuntó 2,3 por ciento, pero desde un nivel en el que había retrocedido en los días previos) y también los informes de que en el canal minorista los precios también se resisten a bajar.

"Estábamos contentos con el avance de las conversaciones, pero el miércoles a la tarde lo llamaron a Salas desde la Casa de Gobierno para sacarlo como negociador porque había levantado falsas expectativas sobre algunos puntos del acuerdo", dijeron en una de las entidades de la producción.

Más allá de haber convalidado con sus firmas el acuerdo de hace una semana con el Gobierno, las organizaciones del agro no tienen un enfoque común sobre las medidas oficiales.

Esto se palpó en la numerosa asamblea de Río Cuarto, el viernes anterior, con división de aguas dentro de CRA, donde algunas entidades de base reclamaron "desautorizar" la firma que Mario Llambías había estampado horas antes en la Casa Rosada. Esas voces se alzaron nada menos que en el territorio de Cartez, aliada de Carbap en la mesa directiva que asumió CRA hace pocos meses, y desde donde afloraron las más duras expresiones de protesta frente a la suba de las retenciones y la suspensión de las exportaciones de carne.

En la Sociedad Rural Argentina, en tanto, se consideró que el acuerdo "es el más razonable" dentro del conjunto de intereses en juego. Y en la Federación Agraria -ahora más alineada con Kirchner- se destacó que, con el acuerdo, "la ganadería recupera perspectivas". Según la entidad, "no había salida sin una intervención consensuada con el Estado, que estableciera políticas activas para el sector y promoviera el equilibrio entre los distintos intereses en juego".