Mucha cautela expresada en palabras medidas, o bien disculpas para opinar, es la primera reacción en el Poder Legislativo al compromiso de los tres poderes en pos de la reforma judicial. Es cierto que no hubo desautorización alguna a la firma estampada al acta compromiso por el senador Norberto Betique (PJ-Iriondo) y el diputado Edmundo Barrera (PJ) por las dos cámaras.

El propio Barrera había obtenido a mediados de abril, una luz verde de los jefes de bloque para participar del acto porque existe una coincidencia generalizada en la necesidad de mejorar el servicio de justicia. Las diferencias aparecen al momento de elegir los remedios. "Hay infinidad de proyectos referidos a reformas en los códigos y en el mapa judicial", señaló "off the record" un conspicuo diputado de la oposición interesado en saber qué destino tendrán esas iniciativas. "Hasta ahora la mayoría de ellos fueron mirados con indiferencia por el Ejecutivo", acotó a modo de queja.

Desde todo el arco político se admite la coincidencia con el compromiso general establecida en el acta, las dudas son los caminos a seguir.

"Nosotros tenemos que resolver de qué manera participamos en el proceso de elaboración de los proyectos de reforma tanto a los códigos de procedimientos como al mapa judicial", destacó Barrera. Esta decisión comenzará a ser discutida hoy en la comisión de Labor Parlamentaria. El tema será motivo de largo debate porque están aquéllos que consideran que el cuerpo no debe tomar parte de las comisiones ya que luego serán los encargados de votar las posibles reformas. "No podemos ser juez y parte", argumentan. Otros entienden que deberá establecerse claramente que pasará con los proyectos propios. Mencionan, entre ellos, la reforma al Código Procesal Penal que ingresaron el justicialista Danilo Kilibarda y el radical Santiago Mascheroni; o las iniciativas para transformar los juzgados comunales; o el referido a las llamadas pequeñas causas que impulsa el socialista Raúl Lamberto; la incorporación de la figura del querellante en el proceso penal de la radical Mónica Peralta.

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"Era hora que después de 23 años el Poder Ejecutivo se diera cuenta de la necesidad de reformar la justicia", destacó el socialista Antonio Bonfatti. "Es una etapa de discusión política donde tenemos propuestas. Esperemos que se lleve adelante el proceso y se avance en la reforma", añadió el legislador.

El propio Betique deja en boca de Barrera la explicación de la participación legislativa en esta etapa. El titular de Diputados al distribuir entre jefes de bloques el proyecto de acta a firmar pidió sugerencias y el único que se la acercó fue el radical Hugo Marcucci con su preocupación sobre los juzgados comunales. "La Legislatura tendrá una instancia decisiva como es la de sancionar las normas consensuadas por las distintas comisiones que integrarán el Poder Ejecutivo, el Judicial, catedráticos, colegios de abogados, de procuradores y de magistrados y el gremio", señaló Barrera quien admitió que hay inquietudes de varios legisladores para que sus proyectos se incorporen al debate. "La ventaja es que se pensará en una reforma integral del sistema de justicia y esos proyectos pueden formar parte de ella", destacó.

El senador radical Carlos Fascendini (Las Colonias) reconoció que asistió al acto en el Centro Cultural para "escuchar y ver de qué se trataba" y dijo que algunos de sus pares justicialistas tampoco tenían muy claro los alcances del acta. "Se lanzó el camino hacia una reforma pero no hay proyecto concreto y habrá que elaborarla. Si es consensuado mejor", añadió para rescatar que hubiera iniciativa para abordar un problema existente en la provincia como es el de la justicia y con un marco amplio.

Fascendini y el representante de La Capital, Juan Carlos Mercier, fueron algunos de los senadores presentes en el Centro Cultural. En cambio, se vio en la sala a un mayor número de diputados representantes de casi todos los bloques y subbloques que conforman la Cámara Baja.

Las dos cámaras legislativas se disponen a comenzar a sesionar esta tarde en el marco del 124° período de sesiones ordinarias habilitado el pasado 1° de Mayo por el gobernador Jorge Obeid. El pasado jueves ambas cámaras evitaron realizar las sesiones en virtud del viaje de varios integrantes a Córdoba al plenario de la Región Centro y ante la polémica instalada por la suba de dietas resuelta en forma distinta por ambas cámaras. Es que mientras Diputados resolvió que sus integrantes no perciban un solo peso más en el bolsillo, el Senado dio luz verde al aumento con la sola excepción de las dos socialistas que pidieron percibir el mismo ingreso que en enero último.

La mecánica parlamentaria determina que cada dos años se realice la elección de autoridades en las comisiones de ambas cámaras, trámite que se está realizando esta semana, por lo que las sesiones estarán dedicadas a dar ingreso a proyectos y al tratamiento de temas sobre tablas.

Es decir, tanto en Diputados como en el Senado, legisladores darán ingreso a proyectos que perdieron estado parlamentario el pasado 30 de noviembre o bien en los últimos días de abril. En Diputados, está el compromiso de ingresar en las próximas horas un proyecto acordado sobre el libre acceso a la información en los tres poderes del Estado.

La Cámara Baja, además, tiene fijados 21 proyectos con tratamiento preferencial, muchos de los cuales provienen del año anterior, la mayoría de los cuales no tienen dictámenes de comisiones.

Los diputados Alberto Maguid (PJ) y Hugo Marcucci (UCR) presentaron un proyecto de ley para cambiar la metodología para calcular los aguinaldos de los empleados públicos. La iniciativa pretende modificar un artículo de la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado que establece sobre qué montos se debe calcular la asignación del sueldo anual complementario contemplando tanto los conceptos que efectuaban como los que no efectuaban aportes jubilatorios.

En la discusión salarial de los empleados públicos del año pasado, y en referencia al aguinaldo, se solicitó que se calculen las asignaciones remunerativas y no remunerativas, es decir, sobre el total de los montos y que complementariamente, se proceda al blanqueo de sueldos. Sobre el particular, la Legislatura sancionó la ley 12.469 y no obstante, al no concluirse con el blanqueo de los sueldos públicos, se produjo la sanción del Ejecutivo del decreto 3146/05, que es de carácter transitorio ya que sólo contempla al segundo semestre del 2005. Los autores entienden que la sanción de la ley 12.510 alteró radicalmente lo consensuado entre los sectores, quedando al arbitrio del Ejecutivo realizar deducciones sobre los aguinaldos.

Para evitar esto, Maguid y Marcucci consideran necesario implementar una solución integral, modificando un artículo de la ley para que garantice el pago a los empleados públicos del sueldo anual complementario, teniendo en cuenta los conceptos de naturaleza remunerativos y no remunerativos.

Insistencia del ARI

El jefe de los diputados del ARI, Antonio Riestra, pidió tratar hoy sobre tablas el pedido de informes de su bancada para saber si existen magistrados del Poder Judicial de Santa Fe que no cuentan con el acuerdo de la Asamblea Legislativa, como establece la Constitución provincial. En caso de ser afirmativa la respuesta cuál es la nómina de los jueces que se desempeñan en esa condición.

"Con el propósito de contribuir a la transparencia, eficacia e idoneidad del Poder Judicial, requerimos la información vinculada con la necesidad de conocer -a casi veintitrés años del restablecimiento de la democracia- si existen todavía magistrados judiciales que no cuentan con el acuerdo de la Asamblea Legislativa para desempeñar dichas funciones" señaló ARI.