El Senado de la Nación dio ayer media sanción al proyecto de ley que tipifica y penaliza el acoso sexual, figura que no está contemplada como tal en el Código Penal.
El proyecto fue aprobado por 46 votos a favor y 1 en contra, que correspondió a la senadora justicialista por Formosa, Adriana Bortolozzi, quien se expresó en contra de los efectos que tendrá la norma y de las penas dispuestas.
El proyecto establece una pena de prisión de cuatro meses a cuatro años al que "abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de índole similar, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación".
De este modo se tipifica la figura de acoso sexual como una forma particular de coacción, que sí estaba definido en modo general en el Código Penal para los casos en los que alguien "hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".
La iniciativa sobre acoso fue elaborada por el ex ministro de la Corte Suprema Gustavo Bossert y el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, y fue presentado por la ex senadora y actual diputada Diana Conti, con el acompañamiento de varios legisladores.
En sus fundamentos, la iniciativa especifica que el abuso sexual coactivo se diferencia del acoso en que el primer caso "el autor aprovecha la situación de poder y efectúa actos corporales o tocamientos de naturaleza sexual. En el acoso, en cambio, el delito se consuma con la sola amenaza del autor, con independencia de que la víctima acceda o no al requerimiento que se le formula".
Vinculado con el poder
La senadora del Partido para la Victoria, Vilma Ibarra, titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, precisó que el acoso "es un delito vinculado con la jerarquía, donde hay relaciones desiguales de poder, y en la que hay capacidad de coaccionar a una persona que efectivamente siente la percepción real de que se le puede producir un daño".
Aunque la legisladora por la ciudad de Buenos Aires reconoció que "el Código Penal no resuelve estos problemas", dijo "estar segura que incorporar la figura nos asegura que quien haya cometido este delito merece la acción de represión del Estado".
El radical Luis Naidenoff brindó estadísticas de la Unión de Personal Civil según las cuales el 47,4 por ciento de las mujeres fueron acosadas, y sostuvo que "el objetivo del proyecto no es lograr la reparación del daño sino el cese de esta actitud. No se busca una cuestión económica (relacionada con la industria del juicio), sino restablecer la dignidad de las personas".
"Peligroso y ridículo"
Pero el marco de consenso general fue quebrado por Bortolozzi, quien consideró la aprobación del proyecto como "peligroso" y "ridículo".
La senadora formoseña dio tres razones para votar en contra: en primer lugar, que la pena impuesta al acoso es superior al de la amenaza con armas de fuego; segundo, que de esta manera se favorecerá las contrataciones en negro; y, finalmente, que la figura del acoso no debería incluirse en el Código Penal sino en las convenciones colectivas de trabajo.
Después, la justicialista por San Juan Marina Riofrío propuso un agregado a la norma para que la figura del acoso no sólo rija para los casos en los que el acosador amenaza a su víctima con un perjuicio (despido, sanciones) sino también cuando lo hace con la promesa de un beneficio (ascenso, aumento).
"Es una situación distinta y no está contemplada, no es materia de acoso", le respondió Ibarra, quien aclaró que en esos casos "simplemente hay que decir `no' al beneficio ofrecido".
