Si se realiza una exégesis de los modelos económicos que predominan en el mercado internacional, se pueden extraer conclusiones que, por problemáticas internas irresueltas, como la competitividad, las inversiones y la intervención autoritaria del estado dirigida al control de precios, retenciones, subsidios, acotamiento de exportaciones, etc., dan como resultado la apropiación de la renta rural por parte del estado.

Desde la óptica mercosuriana, la insuficiencia de un digesto de normas claras no permite la consolidación de las relaciones entre los países. Argentina y Brasil firmaron un pacto con una cláusula destinada a evitar al perjuicio que pueden ocasionar las importaciones en detrimento de las economías nacionales, fundamentalmente la nuestra cuya producción interna con alto valor agregado es escasa. Tanto Uruguay, como Paraguay y Chile están pensando en otro ámbito para desarrollar sus transacciones y dejan el mensaje subliminal que tanto Argentina como Brasil, lejos de ejercer la solidaridad que reclaman de otros poderosos, buscan jugar un papel hegemónico basado en los superávit fiscales y en sus extensos territorios productivos.

Por otro lado, tanto Estados Unidos como Europa destinan su intervencionismo a mantener el alto valor internacional de los productos a través de la compensación, haciéndose cargo de la diferencia cuando los costos se ubican debajo de la oferta habitual o directamente recurren a los subsidios.

Argentina ataca el escenario inflacionario a través de una diáspora de medidas que, entre otras, rumbean hacia el sector pecuario e ignoran como crear nuevas demandas ante la prolongada inmovilidad del stock ganadero, situación que no permite realizar acuerdos, ocasionándose un desplazamiento de las inversiones hacia actividades con lucros de obtención mas súbita. Además, con la artificialidad de las tarifas y los sueldos bajos, más la sustitución negativa de exportaciones (priorizando la venta de tecnología al exterior) y las retenciones, obliga al productor a competir en desventaja.

En resumen, se objetan las subvenciones foráneas pero se aumenta el gasto público (que en abril pasado superó la recaudación impositiva), se aplican retenciones, restricciones y se propone el fomento de la actividad a través de préstamos con fondos de los propios ruralistas.

El aliciente productivo debería estar dado por la eliminación de las distorsiones que transforman a los gobiernos en usurpadores de la renta agraria. En nuestro país la agroindustria, en el primer semestre de 2005, aportó el 17% del incremento económico y el 37% del superávit fiscal primario fue conseguido mediante estas forzadas transferencias.