La promoción de un amplio debate para sancionar una nueva ley educativa es una iniciativa que merece el apoyo de la ciudadanía. Según declaraciones del ministro Filmus, durante seis meses se abrirá la discusión para determinar los contenidos de la futura ley de educación. La normativa prevé mecanismos amplios y plurales de participación y un temario cuyos puntos son una expresión de los principales desafíos que se nos plantea a los argentinos en materia educativa.

La propuesta del gobierno establece el cronograma y los actores que darán su opinión. Se prevé que para antes de fin de año esta ley puede ser sancionada. Se trata, en definitiva, como lo dijeran los funcionarios, de "discutir un modelo de país para las próximas décadas", en la inteligencia de que apostar a la educación es sinónimo de igualdad de oportunidades, integración social y mejor calidad de convivencia pública.

No es arbitrario comparar esta iniciativa con la que en su momento promovieron los dirigentes de la llamada "Generación del 80", cuyo resultado fue la sanción de la ley 1420, el marco normativo de una formidable transformación educativa que en su momento fue considerada la más importante de América y que instaló a la Argentina entre los principales países del mundo en términos de educación y movilidad social.

Habría que señalar al respecto que, lamentablemente, aquel impulso educativo, por causas cuyo análisis excede los alcances de este editorial, no se sostuvo. Hoy existe un amplio consenso en admitir la crisis del sistema educativo y asumir el hecho cierto de que no es posible pensar una sociedad para el futuro si otorgarle a la educación un valor estratégico, más si se tienen en cuenta las trasformaciones tecnológicas y científicas y la revolución en las comunicaciones.

Se trata en definitiva de pensar un país futuro en el que la educación sea la palanca indispensable para promover el desarrollo, la equidad, la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Se trata de hacerse cargo de lo que hemos retrocedido en materia de educación y de que no es posible un país desarrollado con baja calidad educativa, como tampoco es posible una educación de primer nivel en un país atrasado.

Es importante la ley de financiamiento educativo que se ha sancionado, pero también debería ser una prioridad de la clase dirigente la preocupación para que los contenidos que se sancionen puedan trasladarse a la práctica. Está demás decir que todas estas reformas serán factibles si se produce no sólo una transformación en las asignaciones del presupuesto, sino un control estricto que asegure que los dineros públicos lleguen al objetivo previsto y no se desvíen hacia fines subalternos.

Para concluir: se abre una gran oportunidad para que la Argentina se ponga al día en materia de educación. El compromiso es en primer lugar de la clase dirigente y de los actores del sistema educativo, pero incluye al conjunto de la sociedad, ya que es posible pensar en una acelerada modernización educativa si la sociedad no se hace cargo del valor de este propósito.