Desde hace tiempo sabemos que una parte de los agentes públicos se ha sobre-endeudado, haciendo uso o abuso del sistema de códigos de descuento; se calcula que el 80% de ellos utiliza racionalmente este beneficio y que el 20% restante se excede en sus consumos. La falta de entrecruzamiento de información entre mutuales, no permite detectar estos desvíos. Por otra parte no podemos obviar que el sueldo de un agente público ha quedado desfasado con relación a los precios de las cosas que necesita para vivir, y que las mutuales han sido fuente de financiamiento de su deficitario presupuesto familiar.

Que el agente público no perciba dinero en efectivo en forma total al momento de cobrar, no significa que ha mermado su retribución; pueda que la haya percibido en forma anticipada, con órdenes por alimentos o de medicamentos; ayudas económicas de dinero o adquiriendo bienes necesarios. Hoy debemos destacar que ya no existen recibos de sueldos de cobro cero, debido a que los últimos incrementos decretados, no se encuentran afectados por este sistema. Lo importante es que éste pueda disponer de su sueldo de la forma en que lo decida y es su responsabilidad utilizar moderadamente este mecanismo de descuento; pero, si el que solicita no tiene límites, el que otorga debe ponerlos.

Por otra parte, el Estado es empleador y necesita mantener una buena relación con sus subordinados para poder atender cada una de las necesidades de la comunidad; pero también es quien debe garantizar y no obstruir la decisión de vida de sus agentes y la forma en que éstos quieren organizarse y disponer de sus haberes.

La solución está a la vista y se encuentra en manos de nuestros legisladores provinciales. Hemos tomado conocimiento de la presentación de un nuevo proyecto de ley que regula el sistema de códigos de descuentos; y que si bien en algunos aspectos podríamos perfeccionarlo con otros aportes, estamos dispuestos a aceptarlo en toda su dimensión tal cual fuera presentado en su versión original. Este proyecto se basa en dos ejes fundamentales; uno, la creación de un centro único de autorización de órdenes; y otro, la determinación de un límite para el consumo. Hecho este análisis, la solución es inminente, están dadas las condiciones y existe consenso para lograrlo.

(*) El autor es presidente de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas "Brigadier General Estanislao López".