La Asociación Anticorrupción manifestó su "sorpresa y desagrado" ante la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, publicada a mediados de junio de 2006, donde ordena, sin poner plazo, que se investiguen las razones por las que habían prescripto o estaban a punto de hacerlo causas de trascendencia pública. Entre ellas, las de Carlos Aurelio Martínez y Vanrell, la Caja de Jubilaciones, el Banco Provincial e IBM.

"Nos parece una falta de respeto que, alrededor de un año después, la Corte repita casi con los mismos términos la acordada publicitada el 27 de junio de 2005, publicada en la página web www.poderjudicial-sfe.gov/ar/novedades/prensa/2005, con el agravante de que en esta última se fijaba un plazo de 30 días, y once meses después no se fija plazo alguno", sostiene el documento firmado por Hugo Miretti y Alejandro Buzzi.

"Esto ratifica la creencia mayoritaria de la sociedad, de que las cárceles son sólo los lugares de detención de los delincuentes pobres, y que la red de la Justicia únicamente atrapa a éstos y no a los del poder político, que siguen en libertad e impunes", agregaron.