La tarea de los jueces comunales asume actualmente una marcada importancia y podría ser una de las claves para agilizar y descentralizar procedimientos, habilitar vías más satisfactorias para la resolución de conflictos, aliviar el congestionamiento del sistema tribunalicio y ayudar al acercamiento de la Justicia a la sociedad.
Todos los analistas -tanto internos como externos- del funcionamiento de la Justicia santafesina coinciden en marcar un aumento en la litigiosidad, así como la complejidad de los trámites, que asumen las características que registra actualmente la vida en sociedad.
En ese contexto, los antes llamados "jueces de paz" pasaron a cumplir funciones de creciente importancia y, recientemente, en el marco del programa de mediación impulsado por la Corte y formación específica mediante, se convirtieron en una instancia apta para propiciar soluciones amistosas y satisfactorias para ambas partes en una disputa, lo que evita la carga burocrática y económica de un proceso judicial.
Por todas estas razones, la función requiere una capacitación mínima que, aunque no resulta exigible para la legislación actual, debe ser acorde con su naturaleza y exigencias.
Capítulo aparte merece el desprecio hacia la institución que tradicionalmente ha mostrado el poder político, al utilizarla como un mero recurso para favorecer a parientes y amigos, o pagar facturas propias del quehacer partidario. Esta modalidad fue ejercida de manera ostensible por varios gobiernos y alcanzó su ápice con la administración de Carlos Reutemann. Este modo de proceder privó a los pobladores de muchas comunidades de tener a su servicio funcionarios capacitados para asumir esa responsabilidad, y a la vez dio pie a la polémica y el descrédito.
Estos negativos antecedentes determinaron al actual gobernador a comportarse de manera distinta y ya desde la asunción del mandato en curso autolimitó sus facultades, dando intervención al Consejo de la Magistratura y remitiendo un mensaje a las cámaras para consagrar legislativamente el nuevo mecanismo. Lamentablemente, la Legislatura no se hizo eco y la modalidad tampoco fue bien acogida en el organismo consultor, ya cargado de trabajo con la selección de jueces.
Aún así, el gobernador quiso mantener su criterio y no realizó ninguna designación motu propio, con lo cual más de 70 localidades tienen nombramientos pendientes. Esto obligó al mandatario a optar por un nuevo decreto y la creación de una comisión especial para la tarea, con el requisito para los postulantes de ser abogado.
Pero, naturalmente, esta salida no puede ser más que coyuntural. Y corresponderá a los legisladores -ahora en el marco del proyecto de reforma integral del Poder Judicial- encontrar la fórmula para establecer el marco normativo que garantice la selección de los más aptos para ejercer como jefes comunales. No sea cosa que la voluntad expresa y la actitud consecuente del gobernador se agote con su mandato y quede como meramente testimonial, mientras la clase política se asegura la conservación de un apreciable botín y la sociedad pierde otra oportunidad frente a la desidia y la corruptela.
