Desde noviembre del año pasado, el Tribunal de Faltas municipal no funciona. Vehículos o animales retenidos y mercadería secuestrada son los tres únicos trámites que pudieron efectuar los ciudadanos a lo largo de estos ocho meses de actividad a media máquina, primero en una improvisada oficina en el hall del palacio y ahora en la sede a medio terminar, ubicada en un primer y segundo piso de Salta y San Martín.

En pleno verano, se decretó y prorrogó por 20 días más el receso administrativo. Y continúa hasta la fecha. El motivo: el edificio elegido para trasladar las oficinas desde cortada Falucho estaba en pésimas condiciones arquitectónicas y aún no se terminó de acondicionar. A simple vista se observan algunos avances, muy pobres a juzgar por el tiempo transcurrido: se pintaron las paredes, se colgaron cortinas en los enormes ventanales, se arreglaron los sanitarios y se colocaron divisores para montar las distintas oficinas. Sin embargo, aún resta lo más importante: adecuar la obsoleta instalación eléctrica para conectar el sistema informático y reparar el ascensor, indispensable en oficinas públicas que funcionan en planta alta.

Aunque fueran ciertas las dificultades que esgrimió el Ejecutivo Municipal para encontrar un edificio que por dimensión y ubicación se adapte al funcionamiento del Tribunal, la pregunta obligada es ¿por qué no se acondicionó el lugar con un margen mayor de tiempo antes de concretar una mudanza intempestiva que a la larga generó más problemas, afectó la recaudación y, por sobre todas las cosas, dejó de brindar servicios a la población?

¿Tantos meses insume arreglar una oficina cuya función primordial no es la de recaudar dinero, sino la de regular las normas de convivencia de la ciudad?