Un grupo de senadores y diputados provinciales del Partido Justicialista y el PPS emitieron días atrás un comunicado donde resaltan "las más de 300 adhesiones que ha recibido hasta el momento el proyecto de reforma de la unidad económica agraria en la provincia que modifica la ley 9319 de la etapa del Proceso Militar y que generó grandes perjuicios a pequeños y medianos productores agropecuarios y que en los últimos días volvió a tener media sanción por parte del Senado".

Los senadores Alberto Crosetti, Ricardo Spinozzi y Danilo Capitani y los diputados José Pividori, Jorge Lagna, Laura Venesia, Marcelo Gastaldi, Julia Pesaresi, Ricardo Reynoso, Jorge Cura y María Rosa Stanoevich dijeron tener adhesiones de municipios, comunas y concejos municipales de los 19 departamentos; de organizaciones del agro como Coninagro, Corenosa, ACA, SanCor, Carsfe y decenas de cooperativas; del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Santa Fe; el Colegio de Médicos Veterinarios y la Comisión de Pastoral Social del Arzobispado de Rosario.

Afirman que "la media sanción es fruto del trabajo mancomunado de ambas cámaras legislativas que se consensuaron proyectos existentes y sugerencias de funcionarios del Ministerio de la Producción, productores, intendentes, presidentes de comuna y dirigentes ruralistas, jerarquizando al Ministerio otorgándole la potestad de crear regiones productivas para definir políticas de desarrollo económico sustentable".

Recuerdan que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, el proyecto prevé la puesta en práctica de acciones para el correcto uso del suelo y se rechazarán subdivisiones cuando pretendan ser destinadas a destinos no agropecuarios.

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Los legisladores, además, rechazan "el comunicado emitido por dirigentes de Federación Agraria Argentina que desoyen el reclamo de sus propias bases y lo expresado por el Congreso de esa entidad, donde los productores solicitaron la modificación de una ley que lesiona sus legítimos intereses". También repudian "el pronunciamiento de UPCN Santa Fe donde se plantea la continuidad de un sistema perverso que sólo ha provocado la sumisión de los dueños de la tierra a oficinas de la burocracia y en muchos casos la pérdida de valor real de las extensiones rurales, que tantas veces han tenido que ser malvendidas o casi regaladas ante la imposibilidad de practicar subdivisiones, como lo obliga la ley en vigencia, sancionada por la dictadura militar". El documento también cuestiona al Colegio de Ingenieros Agrónomos.

"Qué intereses en común podrán tener tres sectores aparentemente tan diversos para actuar en forma coordinada, donde la soberbia los lleva a defender lo indefendible, contra la opinión mayoritaria de los actores involucrados que se reflejan en los cientos de adhesiones que el proyecto con media sanción ha recibido a lo largo de estos años" finaliza diciendo el documento de los legisladores.

El documento del grupo de legisladores oficialistas que defiende los cambios subrayó parte de los pronunciamientos favorables de entidades. Así por ejemplo resaltan que Coninagro entiende que el proyecto "es una solución válida a un problema que por sus características y gravedad no puede seguir siendo ignorado".

SanCor afirma que "representa el sentir de la mayoría de los productores".

Corenosa sostiene que "el reagrupamiento parcelario se produce a la par de las divisiones porque es un sector dinámico y al haber sido alterado solo causó concentración en pocas manos".

La Asociación de Cooperativas Agrarias (ACA) explica que "el desarrollo sustentable estará dado por la forma en que se manejen las explotaciones y no por la cantidad de tierra que posea el titular. Superará la burocracia estatal donde no se conocen los problemas zonales y solo entorpece el desarrollo rural".

Agricultores Federados Argentinos expresa en su nota que la vieja legislación "trajo frustración de proyectos familiares y éxodo de los productores".

El Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Santa Fe hizo saber que "a partir de una facultad delegada a las provincias, funcionarios públicos provinciales y la corporación de profesionales sostuvieron intencionalmente como una obligación la prohibición de dividir. Se ha querido o no crear una fuente de trabajo para los que realizan estos estudios agroeconómicos y para los que lo autorizan".