Vladimiro Montesinos, eminencia gris del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, fue condenado anoche a 20 años de cárcel -la pena más severa que recibe hasta ahora- por tráfico de armas a la guerrilla colombiana de las Farc, informó una fuente judicial.

La sentencia fue dictada por un tribunal anticorrupción presidido por la juez Inés Villa Bonilla, que lo encontró culpable de los delitos contra la seguridad nacional, suministro ilegal de armas y asociación ilícita para delinquir.

Junto a Montesinos -quien dirigió una red de corrupción al amparo del régimen de Fujimori- fueron sentenciados a quince años de cárcel el francés Charles Acelor y los hermanos José Luis y Luis Aybar Cancho.

Todos ellos deberán pagar una reparación civil al Estado de cerca de tres millones de dólares.

La condena es la mayor que recibe el ex jefe de los servicios secretos peruanos, quien afronta más de 50 juicios por múltiples delitos. Hasta ahora la mayor ha sido de 15 años por corrupción, al sobornar con dineros estatales a dueños de medios de comunicación para favorecer a Fujimori (1990-2000).

En Perú prima la condena más severa y no se acumulan las sentencias.

Tras escuchar la condena, Montesinos dijo que se reservaba el derecho de apelar el fallo, en una audiencia en que la lectura de la sentencia duró más de diez horas en una base naval del vecino puerto El Callao, donde está recluido Montesinos desde que en 2001 fue extraditado desde Venezuela tras huir de Perú en octubre de 2000.

Los magistrados consideraron que Montesinos fue el cerebro de la operación encubierta mediante la cual se adquirió en Jordania 10.000 fusiles AKM-47, que fueron lanzados en paracaídas sobre Colombia desde un avión militar ucraniano.

El juicio se extendió a lo largo de 31 meses e involucró a 37 acusados de diversas nacionalidades en una historia de perfiles rocambolescos que se remonta a inicios de 1999 en Amman, la capital jordana.

Montesinos se había declarado víctima de una venganza de ex militares en el tráfico de armas y se negó a responder las preguntas de los magistrados, de la fiscalía y la procuraduría durante todo el proceso.

El caso fue denunciado espectacularmente en agosto de 2000 por el presidente Fujimori y Montesinos, que lo presentaron como un éxito del gobierno y una ayuda a Colombia en su lucha contra la guerrilla.

La agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) fue una de las que alertó a Lima sobre el operativo. El gobierno de Colombia dudó siempre de la versión original ofrecida por Lima, de que se trataba de una operación de ex militares peruanos dedicados al contrabando.