El Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto de resolución a través del cual se pide el cumplimiento del artículo 59 de la ordenanza 10.017 del Reglamento General de Tránsito, por lo que se determina que las tareas de control y dirección de tránsito quedan acotadas a los agentes municipales.

La medida surgió a raíz de que un grupo de 20 pasantes del Instituto Sol -estudiantes de Turismo-, estaban abocados a tareas de "prevención y disuasión", bajo la supervisión de la Subsecretaría de Control.

El concejal radical Carlos Pereira, autor del proyecto de resolución junto a su par Julio Schneider, cargó contra el responsable de la Subsecretaría de Control, Norberto Berlanga, a partir de las declaraciones que hizo a El Litoral en la edición del miércoles.

Berlanga había dicho que los pasantes tienen "facultades limitadas y no pueden desarrollar tareas de inspección, pero sí preventivas y disuasivas". Y explicó que el grupo tiene "el perfil que se está buscando en los inspectores para el futuro, que tiende a mejorar la calidad del servicio".

La contestación de Pereira no se hizo esperar: "Hay que aclararle al funcionario que un inspector de tránsito tiene como función principal la prevención y disuasión". Sobre el segundo punto, el edil entendió que es un error pensar que están formando gente para el futuro. Los pasantes "se van a recibir y van a hacer otra cosa, no están para dirigir el tránsito, no quieren dirigir el tránsito", resaltó.

Pidió ver qué dice el convenio con la institución educativa, porque "una cosa es hacer educación vial por un par de meses y otra dirigir el tránsito". Luego puso en juego la función de los inspectores de tránsito, que en apariencia, "para lo único que están en la calle es para cobrar las multas del SES", cuando "tienen que estar para prevenir y disuadir".

El tema de la incorporación de pasantes ha generado un notorio malestar entre los empleados de planta, que entienden que es una manera encubierta de tomar personal en negro, que va en detrimento del trabajo efectivo.

Ayer, aparecieron mensajes en puertas y ventanas del edificio del Concejo, repudiando la decisión del Ejecutivo e invocando una ordenanza en la que se privilegia el ingreso de familiares de empleados municipales, que dicen, se está vulnerando.

"Acá va a quedar un déficit de recursos humanos enorme", opinó Leonardo Simoniello, de UCR Encuentro, y lamentó que ante esta situación "no tengamos el acompañamiento de los 13 concejales, quienes también tienen que defender al personal municipal".

Para dar una idea de lo que significa la incorporación de pasantes al municipio, la socialista Marta Fassino invocó la reciente respuesta a un pedido de informes, realizado un mes atrás por la dupla radical Schneider-Pereira, en el que se solicitaba saber la cantidad tomada.

"Hay 247 pasantes" reveló, aunque en la explicación del Ejecutivo "no hay ninguno que esté cumpliendo funciones en la Dirección de Tránsito, o por lo menos no figura en el expediente", resaltó Fassino.

La arista Noelia Montaño se refirió a la deuda que el municipio mantiene con el Fondo de Asistencia Educativa, que a esta altura alcanza los ocho millones de pesos. El tema ingresó con preferencia y finalmente tuvo el aval del cuerpo deliberativo, que decidió acompañar en su reclamo a la Federación de Asociaciones Cooperadoras, del departamento La Capital.

Montaño destacó la labor de los cooperadores y pidió que se los convoque desde el municipio, "para que el dinero llegue a la Federación de Cooperadoras". A su vez consideró "necesaria la convocatoria al diálogo" entre autoridades y educadores.

Por otra parte, el radicalismo logró un despacho de comisión, para citar el próximo jueves al secretario de Planeamiento Urbano, Gustavo Giobando, y al presidente del Instituto Municipal de la Vivienda, Alfredo Migone. Les reclaman "que informen in voce sobre la urbanización de zonas inundables y situación del catastro municipal".

Para Carlos Pereira, de concretarse la visita de ambos, se estaría ante un "hecho histórico, porque no es común que podamos debatir públicamente acerca de las políticas que se desarrollan en el municipio con los principales responsables del área".

Reconoció que la convocatoria surgió por "un enojo con los funcionarios, porque limpian las responsabilidades que tienen en el ejercicio de sus funciones tirándoles la culpa al Concejo de las cosas que pasan en la ciudad".

El concejal justicialista Nicolás Piazza dedicó un discurso para "El Negro" Luis Alberto Hormaeche, un militante comprometido con la educación y las expresiones artísticas de la década de 1970. En su homenaje, se aprobó con despacho de comisión colocarle su nombre "al espacio verde del plan de viviendas del personal de la UNL".

Tomando como referencia el capítulo 26, titulado Hormaeche, del libro "Del otro lado de la mirilla", de la Asociación el Periscopio (2003), Piazza contó que Hormaeche estaba preso en la cárcel de Coronda, producto de su militancia política.

Tenía 40 años y una familia que aguardaba su libertad, cuando el 22 de diciembre de 1977 murió de un ataque cerebral, y por falta de atención médica.

Adhirieron con el recuerdo de "El Negro", las concejalas Liana Moragues -PJ- y Noelia Montaño -ARI-. Esta última recordó que en la Casa del Maestro, "el recinto donde se desarrollan las tareas artísticas está denominada con el nombre de Hormaeche, reconocido como un gran luchador y gremialista, donde las utopías las conductas y los sueños siguen teniendo la base de aquellos que hicieron el sindicato".

Reunión

Esta noche las autoridades del Instituto Sol tenían prevista una reunión con los estudiantes que prestan servicios como pasantes en la Municipalidad y quedaron en medio de la polémica. La intención es conocer qué tipo de tareas realizan sus alumnos, y la pertinencia de estas actividades a los fines académicos. Los convenios de pasantías firmados entre el instituto y el municipio se realizan dentro del marco legal vigente, que permite la incorporación de estudiantes en distintas reparticiones públicas.