La Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Unión de Usuarios y Consumidores de la República Argentina firmaron un convenio que habilitará, desde el próximo lunes 9, que profesionales de la ONG comiencen a atender en la sede de San Martín 1731 en el horario de 17 a 20.

"Como institución nos produce una gran satisfacción concretar este tipo de iniciativas con organizaciones no gubernamentales con las que compartimos el objetivo común de tratar de llevar soluciones rápidas y prácticas ante procedimientos comerciales o de empresas de servicios que perjudican a los ciudadanos", sostuvo el defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez durante el acto de firma del convenio con la filial Santa Fe de la Unión de Usuarios y Consumidores de la República Argentina.

El acuerdo fue suscripto con la delegada local de la entidad María Laura Mayoraz en un acto del que participó el presidente de la ONG a nivel nacional Américo García y la defensora del Pueblo adjunta Liliana Loyola. "Se trata de personas que en su mayoría, por desconocimiento de sus derechos o por tratarse de comercios o empresas poderosas, no encuentran las herramientas adecuadas para reclamar cuando le venden un producto deficiente o le prestan un servicio en forma inadecuada, por lo que es nuestra obligación en esta acción conjunta tutelar esos derechos conculcados", aportó Bermúdez.

El funcionario recordó que, en el marco de otro convenio de mutua colaboración firmado oportunamente con otra ONG, se realizó en mayo el IX Congreso Argentino de Derecho del Consumidor en la ciudad de Santa Fe y la elaboración de un proyecto de ley remitido a la legislatura de la provincia. En el texto se destacan, entre otros aspectos, la instancia conciliatoria a través de la mediación para resolver conflictos y la legitimación para interponer las acciones judiciales que correspondan cuando se vean afectados los intereses colectivos de los usuarios y consumidores.

Por su parte, García reivindicó la actuación de las asociaciones de consumidores para canalizar los reclamos de aquellas personas que por diferentes razones no tienen posibilidades de reclamar y mucho menos de acceder a la justicia.

Definió además a las entidades de usuarios y consumidores como "hijos del proceso de privatización de la Argentina, en el que no fue la situación del usuario la que se tuvo en cuenta o se privilegió en una primera etapa" y apuntó que si bien "hemos avanzado muchísimo desde la sanción de la ley nacional y la creación de los organismos de aplicación en la Nación y en las provincias, mucho es lo que queda por resolver".