Conversaciones con el gobierno central
Desafíos para la aplicación de la nueva ley nacional del menor
Una de las preocupaciones de la provincia es que pueda garantizarse el presupuesto necesario. Demandan fondos para poder asistir a las familias que reemplazarán a los institutos cerrados, para becas y para seguimiento.

De la redacción de El Litoral

Con más de 1.200 chicos internados entre institutos oficiales y los pertenecientes a diferentes ONGs, la provincia recorre un camino de transición que implica la coexistencia de la legislación local con la nueva ley de menores sancionada a nivel nacional.

Dicha norma -N° 26.062- incorpora al menos dos aspectos novedosos: por un lado, apunta a que progresivamente desaparezca la "institucionalización" del menor; por el otro, deriva en organismos administrativos del Estado la función que hasta ahora tenían los jueces de menores para actuar en casos de abandono. >

Una de las primeras conclusiones que emerge es que para todo se necesitan recursos. Ése fue uno de los aspectos planteados en la reunión que el viernes mantuvieron funcionarios de minoridad de la Región Centro con sus pares nacionales de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. >

"Fue una jornada preparatoria de la próxima reunión del Consejo Federal del Menor, que será el 15 de diciembre en Buenos Aires", dijo Luisa Donni a El Litoral. La funcionaria provincial del área contó que tras un informe de cada provincia sobre la situación legislativa y sobre la adaptación de los organismos locales a la nueva ley, las autoridades nacionales se comprometieron a seguir colaborando financieramente con los gobiernos locales. >

"La provincia ya prácticamente duplicó el presupuesto de esta Secretaría para el 2007, con una asignación de 30 millones de pesos. Pero según nuestros cálculos, necesitaríamos unos 4 millones de pesos más", explicó.>

Por qué más

La funcionaria confió en el compromiso que asumieron el viernes las autoridades de la Nación, pero aclaró que siempre hace falta más.

"Hay una intención del gobierno nacional de seguir manteniendo la política que tuvo hasta ahora de colaborar con las provincias apoyándolas con recursos; falta acordar montos y formas de pago. Pero (aun con el presupuesto provincial) los recursos nunca alcanzan porque la demanda es importante; es cuestión de regular y no repartir fondos sin hacer paralelamente un seguimiento", admitió. La necesidad de contar con más recursos tiene varios argumentos.>

"No requerimos una inversión solamente para mantener los institutos actuales, sino para poder incorporar los programas que tenemos que instrumentar con las familias y para las becas de pre-egreso", sostuvo Donni. >

Sucede que si bien la ley apunta a terminar con la internación, también dispone que esa contención sea reemplazada, en la medida de lo posible, por la familia ampliada (tíos y abuelos) o por familias sustitutas. La Secretaría debe asegurar un seguimiento de cada grupo, y otorgarles una asistencia económica.>

Además, prevén un incremento considerable del número de becas tanto para capacitación como para trabajar, y la posibilidad de que los adolescentes puedan lograr una vida autónoma a partir de proyectos propios. >

También los municipios y comunas deben destinar presupuesto para esta materia, porque otro de los puntos centrales de la ley nacional es el trabajo en red con estas administraciones. >

"Van a tener que prever recursos humanos y económicos, porque el trabajo integrado es la única manera de aplicar una política activa", sentenció.>

Los jueces

El otro cambio sustancial que implica la legislación nacional reciente, es que desliga a los jueces de Menores de la potestad de actuar en materia de abandono o maltrato del menor; ahora, esa responsabilidad es de los organismos administrativos (en el caso de Santa Fe, la Secretaría de la Niñez), que deberán tener infraestructura en toda la provincia.

Donni explicó que esta instancia de la ley genera aún mucha controversia en la provincia, a tal punto que mientras los jueces de Menores de Rosario ya se declararon incompetentes, los magistrados de Santa Fe consideran que deben seguir interviniendo. >

"Estas dos posturas generan cierta incertidumbre y podrán coexistir hasta que intervenga la Corte, o hasta que se sancione un nuevo Código del Menor, que esclarezca la cuestión de competencias (ver El dato)", concluyó. >

  • 120 a 130 chicos están internados en institutos que dependen del gobierno en Rosario.

  • 80 a 100 chicos están internados en institutos del centro-norte.

  • 1.000 chicos, aproximadamente, están en institutos de ONGs.

  • 30.000.000 de pesos es el presupuesto 2007 para la Secretaría de la Niñez.

  • Nuevo Código

    La semana pasada, en el ámbito del Plan Estratégico Provincial de Justicia, se reunió por primera vez la comisión para analizar un nuevo Código del Menor. La discusión se dio sobre la base de la reforma que también se está planteando para el código de procedimientos de adultos (y que incorpora la oralidad), también sobre la Convención de los Derechos del Niño, y sobre la legislación nacional vigente. Para los próximos encuentros, uno de los puntos que prevén abordar es, precisamente, la competencia que los Jueces de Menores. El debate se reanudará el lunes que viene, a partir de las 16.30 en la sede del Colegio de Magistrados de Rosario.