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El Ministerio de Gobierno debió excluir del decreto de designación de 200 ciudadanos como suboficiales de la Policía a tres por tener causas judiciales pendientes, uno de ellos por hurto calificado, violando la ley de personal policial, la 12.521.
La exclusión debió realizarse cuando se encontraban realizando el curso de adiestramiento ya que el nombramiento había sido efectuado mediante el decreto N° 3.695 del 28 de diciembre del último año, justamente el día de los inocentes.>
Aunque parezca mentira, el grave yerro fue salvado por el Tribunal de Cuentas que al considerar el decreto de creación de cargos requirió que se le brinde "la justificación que respalde la inclusión de estos postulantes en el listado". Dos de ellos cuyas iniciales son F.M.O. y L.O.F tienen causas pendientes en Vera y el restante, C.L. en Villa Constitución. >
Fue el propio contador fiscal del Tribunal de Cuentas que le advierte al Ministerio de Gobierno que en la propia documentación que acompaña al expediente "se advierte que existen ciudadanos que poseen antecedentes judiciales". Dos de ellos no fueron incluidos en el anexo del decreto pero sí los otros tres para lo cual se solicitan explicaciones y mientras tanto quedaron suspendidos los plazos del decreto.>
El artículo 33 de la ley 12.521 determina que no podrán ingresar como personal policial: el destituido; el condenado por la Justicia nacional o provincial, haya o no cumplido la pena impuesta; el procesado ante la Justicia nacional o provincial, hasta que obtenga el sobreseimiento definitivo o absolución, con la aclaración de que el proceso no afecta su buen nombre y honor, y el que registrara condena firme por contravenciones.>
En los propios antecedentes que acompañan al decreto se especifica que F.M.O. tiene desde 1999 una causa abierta en un juzgado de Vera por infringir el Código de Faltas y L.O.F. fue condenado en 1996 a un año de prisión condicional por un juez de esa misma ciudad norteña.
El caso de C.L. parece más grave ya que tendría tres causas pendientes en la Justicia de Villa Constitución, una por hurto calificado y dos por daños. Pero, además, se advierte que "el informe de este ciudadano lo suscribe la oficial principal auxiliar forense Isabel Barrios, cuya firma no coincide con la realizada en otro informe donde certifica que no registra antecedentes".>
La nota del Tribunal de Cuentas es recepcionada en gobierno, girada a la policía y por ésta a la directora organizadora del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia, Adela Aichino donde le piden que los tres ciudadanos "deberán ser separados en informa inmediata del curso que se encuentran realizando" por no reunir los requisitos legales. Pero además, la asesoría letrada del Isep entiende que "se debería efectuar la correspondiente investigación tendiente a deslindar las responsabilidades administrativas y/o penales del personal policial que debía efectuar el contralor de los antecedentes de los postulantes, al observarse irregularidades en la postulación de los mismos".>
Finalmente, es Aichino quien solicitó al ministro Roberto Rosúa la separación de la fuerza de los tres aspirantes designados menos de un mes antes por el decreto N° 3695 que firmara el gobernador con el titular de Gobierno.>
UPCN solicitó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Nora Vallejos, una audiencia a la mayor brevedad posible y le presentó un petitorio sobre la problemática que involucra al personal del organismo. Entre los siete puntos reclamados está la asignación de las funciones de mayor jerarquía y el pago del suplemento por subrogancia al grupo de empleados profesionales y no profesionales que aún no han sido efectivizadas, pese al compromiso de la presidencia.
También pide la incorporación a la planta permanente de los pasantes, todos ellos con más de seis años de funciones; incorporación del suplemento de mayor jornada al de suplemento de control externo y la flexibilización en el cumplimiento; titularización del personal subrogante conforme a los acuerdos paritarios.
Además el gremio ratifica su postura en cuanto al concurso en marcha para la designación del fiscal general del área I.
Otros puntos del petitorio son para dotar de una estructura orgánica a la repartición oficial y el encasillamiento de los agentes provenientes del ex - Banco de Santa Fe conforme las tareas que efectivamente cumplen en ese Tribunal.
En la nota, UPCN notificó a Vallejos sobre la incorporación de Néstor Zuchiatti Riestra, Beatriz Pagliolíco, Nidia Reynafe y José Bianchini a los cuadros orgánicos gremiales por haber sido electos.
Mario Cáffaro