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Las duras imputaciones del presidente Néstor Kirchner durante el acto del Día de la Memoria desató la polémica. Mientras tanto, el oficialismo embate contra los magistrados acusados de demorar expedientes.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Pablo Mosca, negó hoy que ese cuerpo sufra presiones del gobierno nacional para que se acelere un juicio político contra cuatro jueces de la Cámara de Casación acusados de demorar causas contra represores.
Tras el enfático discurso del presidente Néstor Kirchner en el acto del 24 de marzo, apuntando expresamente a la Cámara y aludiendo al Consejo de la Magistratura, diversas voces de juristas y opositores se alzaron para cuestionar la injerencia del Poder Ejecutivo en la Justicia.>
El titular del radicalismo, Gerardo Morales, consideró que "no está bien para el presidente del país, sí para cualquier tipo de ciudadano, que pueda emitir ese tipo de opiniones. Pero el presidente del país tiene que tener resguardo en lo institucional y me parece que hay caminos en el Consejo de la Magistratura, en el jefe de los fiscales, el doctor (Esteban) Righi".>
A su vez, el constitucionalista Gregorio Badeni sostuvo que la injerencia se da al requerir "más que la aceleración de las causas, la conclusión de ellas con sentencias condenatorias. Sería lamentable si destituyen a los jueces, sería un pésimo precedente".>
En tanto, el jurista Daniel Sabsay consideró que la actitud presidencial es "una manera grosera de interferir en los asuntos de la Justicia", y que "de ahí a la no existencia de la independencia del Poder Judicial hay un solo paso".>
Plazos y garantías
El titular del Consejo de la Magistratura recordó que "nosotros tenemos tiempos procesales, garantías constitucionales de defensa en juicio para que, eventualmente si llega a prosperar la denuncia, los jueces puedan esgrimir sus derechos. Hay todo un procedimiento", explicó.
Consultado por radio América respecto de si considera "una presión" que el presidente Néstor Kirchner haya reclamado que este mismo año sea aprobado el juicio político en su discurso por 31° aniversario del golpe de Estado de 1976, Mosca respondió: "No, de ninguna manera. El Presidente hizo referencia a la lentitud de las causas sobre derechos humanos, y exhortó o hizo referencia al Consejo de la Magistratura en clara alusión a la denuncia que se había formulado. Esto no significa ningún tipo de presión", afirmó.>
Según Mosca, "es la expresión clara de voluntad del Presidente de que se investigue si esta demora fue justificada o no, y en su caso se apliquen las sanciones de rigor".>
El titular de la magistratura dijo no obstante que desconoce "los antecedentes" del caso: "Sí vi por encima la contestación al oficio liberado por el Estado, pero no me atrevo a aseverar si existen o no demoras. En mérito de la prudencia que amerita un tema tan sensible como éste, me reservo informar sobre el particular hasta que tenga más claro el panorama", indicó.>
No olvidar la corrupción
Por su parte, Gerardo Morales, adelantó que "seguramente" acompañará un eventual pedido del gobierno para acelerar los juicios políticos a los jueces de la Cámara Casación acusados de demorar causas contra los represores, pero advirtió que adoptará la misma postura en casos de corrupción en el Estado.
Morales sostuvo que "hay que actuar contundentemente en el Consejo de la Magistratura, con los mecanismos de apartamiento que hay establecidos, y nuestro partido va a tener mucho compromiso en eso".>
"Seguramente que vamos a acompañar (al gobierno) porque hay cosas que están mal", aseveró, aunque remarcó que se mantendrá esa postura "no sólo en materia de derechos humanos, sino en cuestiones que tienen que ver con causas de corrupción".>
Expresó que "tenemos dos miembros en el plenario, uno es Federico Storani y el otro es Ernesto Sanz, presidente del bloque de senadores, y me parece que allí tienen que debatirse esas cuestiones, para eso está el mecanismo".>
Si bien reconoció que "el gobierno tiene un compromiso en materia de derechos humanos", ratificó que "no hay que sobreactuar ese perfil y caer en estos excesos de controlar un poder desde otro".>
Estado de los expedientes
En la Cámara de Casación hay actualmente 193 recursos de apelación planteados por represores, que demoran el inicio de nuevos juicios. 93 de esos planteos se encuentran en la Sala IV del tribunal, cuyos integrantes fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura.
La denuncia fue presentada el lunes por querellantes en causas de Derechos Humanos contra Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, y Alfredo Bisordi.
La acusación consiste en un documento de 24 hojas que afirma que la Cámara "durante 15 años dio por tierra con las garantías judiciales" y ahora, "cambiando criterios anteriores, está adoptando como criterio general que los imputados, militares con responsabilidad en el genocidio llevado a cabo, sean beneficiados con la libertad". Los querellantes objetan más de diez excarcelaciones.
En el rubro de las supuestas demoras, la denuncia enumera 29 expedientes que están pendientes (17 de ellos, presentados antes de 2006, según los querellantes). El más antiguo es un recurso contra la reapertura de la causa ESMA, que llegó en octubre de 2003.
Según los camaristas, las demoras en las causas se deben, sobre todo, a que los querellantes pusieron trabas cuando recusaron a toda la Cámara.
Otro caso
La preocupación por los derechos humanos motivó la embestida de Kirchner contra la Cámara de Casación. Sin embargo, también habría otro motivo de inquietud: el diario Clarín publica hoy, citando "una fuente judicial y otra empresaria" que también preocupa al gobierno el hecho de que, en los próximos días, llegaría al tribunal un incidente colateral del caso Skanska, una causa por presunto pago de coimas a actuales funcionarios.
