La jueza civil y comercial Adriana Quaranta, de Cañada de Gómez, hizo lugar a la medida cautelar presentada por afiliados radicales del departamento Iriondo, y suspendió la reunión de la convención provincial citada para hoy en Esperanza, para definir candidaturas. Sin embargo, desde el sector denominado Radicales por el Frente adelantaron que desconocen la medida, por considerar que la magistrada no tiene competencia por tratarse de una materia federal. Y que por lo tanto, la reunión de esta tarde -a la que asistirán veedores enviados por el comité nacional- se llevará a cabo de todas formas.

"La resolución de la jueza de Cañada de Gómez es inválida y constituye una falta grave por inconducta y desconocimiento del derecho", sostiene un comunicado firmado por el vicepresidente de la convención, Jorge Placenzotti, quien firmó en su momento la convocatoria y confirmó ahora a El Litoral que la misma sigue en pie.>

En consonancia con lo sostenido desde este sector, en forma previa al pronunciamiento de la jueza de Cañada de Gómez, un juez de San Cristóbal se había declarado incompetente. A partir de esto, en ámbitos legislativos se anticipó la posibilidad de plantear un pedido de enjuiciamiento contra la magistrada.>

El presidente del comité provincial, Felipe Michlig, aseguró que el motivo de la medida judicial -que hizo lugar a una de las varias presentaciones formuladas en distintos juzgados- fue que se violó la carta orgánica, al convocar a la convención para que apruebe la plataforma electoral del Frente Progresista Cívico y Social, sin que la misma haya sido previamente remitida a los comités departamentales para su estudio y otorgamiento de mandato a los convencionales.>

Al cierre de la presente edición, el presidente de la convención, Lucio Cabrera, no había recibido aún la notificación formal de lo resuelto por la jueza de Cañada de Gómez, por lo cual se excusó de opinar.>