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El ministro de Gobierno aseguró que mediante persuasión lograrán levantar los cortes de rutas o caminos. El objetivo es que no haya víctimas durante la protesta. Aclaró que no permitirán el saqueo de comercios.
El gobierno provincial "no reprimirá la protesta social" en alusión a los piquetes, no permitirá el ataque a los comercios y entiende que "no se puede permitir normalidad en una situación de anormalidad. Haremos el máximo esfuerzo para mantener la paz social". Son definiciones del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, en diálogo con El Litoral.
En una oficina aledaña a su despacho, que también fue víctima de la lluvia, el ministro viene de sobrevolar Santa Fe en el marco de una jornada que lo mantuvo en largas reuniones con las fuerzas de seguridad provincial y federales presentes en la ciudad, monitorear la tensa situación de seguridad que se vive producto de piquetes, problemas en los centros de evacuación, casas tomadas y preocupación de vecinos por temor a mayores robos o saqueos en comercios.>
"Es grave la situación", concluye el veterano ministro para graficar lo observado desde el aire. >
Hace tres enfoques. El hídrico centrado en sacar el agua "mientras tenés agua, hay drama" y lo social vinculado con la seguridad. De lo social rescata el fuerte trabajo de áreas específicas del gobierno y reconoce que hubo fallas "porque vino de golpe. Hay una fuerte decisión de Obeid de ponerse al frente de la situación porque eliminó la tendencia burocratizante que aún en la emergencia aparece". >
En seguridad, advierte que la lluvia o la inundación "exhibe situaciones de conflictividad social preexistentes y las ponen a la vista de la gente. Hay urgencias de la gente que tiene razón, y soluciones que demoren más de lo que la urgencia demanda y es entendible el reclamo social que se hace con distintos mecanismos, uno de ellos los piquetes".>
Rosúa insiste en marcar la postura del gobierno frente a esta cuestión. "Ante el piquete o reclamo empezamos por hacer un llamado a la responsabilidad de la gente para evitar perjudicar a muchos con un reclamo que el Estado está dispuesto a atender. Si el reclamo se materializa en un corte y es la expresión de la necesidad de un reclamo de tipo social, las instrucciones del gobernador Obeid, desde el inicio de su primer gobierno, es `no reprimimos manifestaciones sociales aunque a veces equivoquen el camino o no tengan toda la dosis de justicia que deberían tener'. El reclamo social no se reprime en un gobierno de Obeid. Sí se actúa frente a hechos concretos que a veces parten de un reclamo social y pueden generar delitos". Refiere a la tentativa de saqueo de un frigorífico, donde la policía detuvo y la justicia procesó a los autores. "Frente al (supermercado) Yaguar había 300 personas que intentaron entrar, se agotaron los términos para evitar que cometieran la tropelía o el error del delito y se logró pacificar y disolver sin violencia". La misma situación se repitió en otros comercios. No obstante, advierte que en estos casos, la policía identificó, a través de fotos y filmaciones a los autores y dio cuenta a la Justicia. "Todo acto que exceda el reclamo social y se convierta en una acción delictiva demanda la intervención policial y la puesta de esto en conocimiento del juez. Judicializamos los actos como cualquier hecho ilícito".>
Rosúa enfatiza que "la policía no va a permitir ni el ataque a la propiedad privada ni el saqueo".>
Ping pong
-Los piquetes �son todos por reclamos sociales u observan alguna intencionalidad política?
-Es un tema que estamos analizando. No tengo conclusiones definitivas.>
El rol de las fuerzas federales
Rosúa explicó el origen de la presencia de fuerzas federales y lo relacionó con la ley de Seguridad Interior que establece los consejos de complementación entre provincias y regiones. Esto es manejado por el gobernador o el ministro y participan las fuerzas federales con asiento en la provincia.
Gendarmería y Prefectura pusieron enseguida sus fuerzas a disposición y el gobierno nacional las reforzó con nuevos efectivos.
La cartera de gobierno coordina la tarea y en las últimas horas se acordó una división de roles donde los gendarmes vigilan los accesos a la ciudad y treinta centros de evacuados. Prefectura con gomones y lanchas trabaja con once embarcaciones en la zona anegada para rescate y traslado de técnicos y guardias a casabombas, contribuyendo a la vigilancia.
La Policía tomó el resto de los centros de evacuados que se convirtieron en 140. "Cada uno de ello implica diferentes conflictos por diversas razones. Cada uno llevó al centro de evacuados su modo de vida. No nos engañemos, en muchos barrios de la ciudad las condiciones de vida son muy duras y trasladó familia y sus difíciles condiciones de convivencia".
El ministro relativiza que se hayan producido más tiroteos en la ciudad y confirmó que "le tiraban a los mecánicos que estaban instalando las bombas extractoras. Hubo que poner personal policial, expuesto a que lo bajaran de un balazo a la noche, a cuidar la bomba que tenía que sacar el agua para aquél otro que estaba tirando".
Ahora se dispuso intensificar la presencia policial debido a que Prefectura y Gendarmería se hicieron cargo de más centros. "Hoy tenemos 1.300 efectivos de la Policía en la calle".
Peaje
El joven propietario de una mueblería que tiene su salón de ventas en nuestra ciudad y el taller en Santo Tomé debió ayer -por razones de trabajo- atravesar varias veces el Puente Carretero. En los cruces se le fue parte de la ganancia: debió pagar en total 40 pesos de "peaje" a los piqueteros que impedían la circulación.
La tarifa aumenta si el que llega a la ciudad lo hace por la Avda. Blas Parera y tiene la mala suerte de encontrarse con un piquete: si maneja un auto, deberá dejar 50 pesos; en cambio, si es chofer de un camión, el costo se duplica.
Nos podríamos extender en otros ejemplos porque la práctica del "peaje"es común en todos los caminos de acceso a nuestra sitiada ciudad.
La modalidad también invadió el centro y, en este caso, las víctimas son los peatones.
Mario Cáffaro
