Política nacional
Entre los conflictos y el discurso del gobierno
La pérdida de fiabilidad de los datos, las palabras y los gestos oficiales les quita al Estado y al gobierno capacidad para influir positivamente sobre el desarrollo de los conflictos sociales. La agitación de las últimas semanas no parece responder al país que pintan los datos oficiales.
La efervescencia social tras la trágica muerte del docente neuquino Carlos Fuentealba, la prolongada y conflictiva negociación salarial, puntuada de paros y conciliaciones obligatorias, y el siempre crispado discurso presidencial, se dan de patadas con la Argentina en la que, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas Kirchneristas (Indek, como algunos de sus propios funcionarios rebautizaron a la convulsionada agencia oficial), los precios de los alimentos y los bienes y servicios básicos comenzaron a bajar, al tiempo que se mantiene una firme y sostenida mejora de los salarios. El propio presidente Kirchner buscó el jueves tranquilizar los ánimos y pidió quitar "dramatismo" a la pulseada salarial entre sindicatos y empresas. Pero ese llamado a la tranquilidad no se condice con el tono dramático con el que el mismo gobierno presenta cada opción política. La disyuntiva parece ser siempre entre la propuesta oficial o el retorno al peor de los pasados.> El mismo día en que pidió desdramatizar la negociación salarial, Kirchner abrió el período de traspasos en el sistema previsional, pasándose de una AFJP al régimen de jubilación estatal. La prohibición de "retorno" de las AFJP al sistema estatal era una de las características más aberrantes de la privatización del sistema jubilatorio que se instrumentó a mediados de la década pasada. La decisión presidencial fue un mensaje de confianza -que Kirchner incluso explicitó en palabras- en el sistema estatal.> Pero el gesto quedó teñido de hipocresía cuando Sergio Massa, el director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dijo que el Presidente había sido uno de los miles de argentinos que había quedado "atrapado" en una AFJP por no haber expresado a tiempo que prefería la jubilación estatal. >
Retrato de familia
El matrimonio presidencial está en la cima de la escala de la distribución de la riqueza y del ingreso en la Argentina. Ya en 2003 contaba con 21 activos inmobiliarios, a los que desde entonces ha sumado varios más, gracias a una piñata de propiedades en El Calafate. Según la declaración jurada presentada a la Oficina Anticorrupción, en 2004 el matrimonio presidencial recibió ingresos de esas propiedades, de cuentas bancarias y de los salarios del Presidente y la senadora Cristina Fernández, por 640.667 pesos. Esos niveles de riqueza e ingreso ponen a ambos en el uno por ciento más afortunado de la Argentina. El nivel y el ritmo de crecimiento de la fortuna presidencial, que se quintuplicó entre 1995 y 2003, antes de que Kirchner asumiera la presidencia, motivó incluso una denuncia judicial por enriquecimiento ilícito, de la que el Presidente fue sobreseído en una gestión en la que participaron su abogado, Esteban Righi, actual Procurador General de la Nación, y los jueces Julián Ercolini y Fabián Musso. > Todos ellos compartían una cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Kirchner hizo su descargo escrito el 30 de diciembre de 2004, diez minutos antes del inicio de la feria judicial, precisan los periodistas Pablo Abiad y Mariano Thieberger en el libro "Justicia, era Kirchner". El sobreseimiento llegó en marzo. > Con esos antecedentes, alegar que un meticuloso administrador de su propia fortuna como Kirchner, que también se jacta de una administración no menos puntillosa de las cuentas del Estado, quedó "atrapado" en una AFJP, es tan inverosímil que invalida el propio gesto presidencial de pasarse a la jubilación privada. >
Hilo conductor
El hilo conductor entre ese episodio y los nuevos manotazos oficiales a las cifras del Indec, que transformaron un llamativo aumento de 3,6 por ciento en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en una increíble baja de 0,2 por ciento en el costo de esa misma canasta, es la devaluación de la información pública. En un país conflictuado por los todavía altos niveles de pobreza, la todavía inaceptable distribución del ingreso, la inquietante percepción de inseguridad, la nunca desterrada brutalidad policial, la disfuncionalidad del sistema educativo, la cantidad estratosférica de víctimas y accidentes de tránsito, el espeluznante aumento del consumo de droga y pegamentos, entre otras patologías, y en medio de un año electoral, la pérdida de fiabilidad de los datos, de los "gestos" y de las palabras oficiales les quita al Estado y al gobierno capacidad para influir positivamente sobre el desarrollo de los conflictos. ¿Cómo creerle al -por otra parte sensato- llamado presidencial a no dramatizar la negociación salarial, cuando en la propia provincia que durante 12 años gobernó el presidente hay una militarización de hecho para enfrentar el conflicto docente, que no para de escalar y llegó en las últimas horas a la toma de la Legislatura provincial? Las artes oficiales en el manejo de la información difícilmente le sirvan en la parada que la próxima semana se jugará en Madrid, en las reuniones bilaterales argentino-uruguayas en el marco de la gestión "facilitadora" encomendada al rey Juan Carlos. En los últimos días, el gobierno deslizó, alternativamente, que buscará la relocalización de la inversión de Botnia o un replanteo del Tratado del Río Uruguay, de modo de inhibir un uso incremental del agua y la posible contaminación del curso fluvial. La primera opción parece inalcanzable, puesto que la construcción de la planta de la papelera finlandesa está casi terminada. La segunda es el tipo de planteos que dan para un constructivo toma y daca, e incluso pudo haberse esgrimido antes, estableciendo de entrada estándares ambiciosos de seguridad ambiental, para solucionar el conflicto y no dejarlo crecer, entre tanta palabra devaluada. Sergio Serrichio (CMI)
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