La ministra Felisa Miceli recibió el último miércoles el oficio por el cual la jueza en lo Contencioso Administrativo, María José Sarmiento, le impuso un plazo de cinco días para responder un cuestionario de 20 preguntas sobre el caso Greco, aunque fuentes del Palacio de Economía advirtieron que la funcionaria ya contestó cada una de las consultas en el último informe que brindó el jefe de Gabinete en el Congreso.

Según el vocero, el listado de preguntas presentado por los senadores radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales ante la jueza Sarmiento coincide con el cuestionario que el bloque de legisladores de la UCR le presentó a Alberto Fernández. "Con la simple lectura del informe número 70 presentado por escrito por el jefe de Gabinete puede verificarse que a partir de la página 37 se desarrolla la información que reclamaron los legisladores radicales con el mismo textual interrogatorio, incluido ahora como preguntas 43, 51, y 75 del Bloque de la UCR", expresó la fuente a este diario.>

Para los asesores de Miceli, Sanz y Morales "omitieron informarle a la jueza que ya tenían las respuestas porque de otra manera no tenía sentido continuar con el trámite judicial" y, en cambio, "le dijeron a los medios que se trataba de una intimación, cuando lo único que hizo la Justicia es correr traslado del pedido".>

>

El 4 de mayo la jueza Sarmiento le fijó a Miceli un plazo de cinco días para responder a una serie de preguntas formuladas por los senadores radicales a propósito del intento de cancelación, por parte del Ejecutivo, de una deuda de 587 millones en concepto de indemnización del Estado al grupo mendocino Greco por la incautación de sus empresas durante la dictadura militar. En su resolución la magistrada invocó la aplicación del decreto que reglamenta el Acceso a la Información Pública, y sentó un precedente respecto de esa norma que la mayoría de los funcionarios del Estado suele desconocer.

Sanz y Morales fueron los responsables de revelar en el Senado que ese millonario monto indemnizatorio había sido simulado como `pago a proveedores' en un pedido de autorización del gobierno al Congreso para la emisión de 1.300 millones de pesos en títulos de la deuda pública.>

Miceli ordenó la suspensión del trámite de aprobación del proyecto y, tras negar cualquier responsabilidad en la operación, dispuso la instrucción de un sumario en el Ministerio de Economía y llevó el caso a la Justicia Federal. No obstante, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia contra la funcionaria quien pasó a integrar de esa forma la lista de miembros del Gabinete nacional imputados en Tribunales.>

El senador Sanz rechazó los argumentos de Miceli en el sentido de que el cuestionario fue respondido por el jefe de Gabinete. "Si al vencimiento del plazo que impuso la jueza ellos respondieran que cumplieron con lo que dijo Fernández en el Congreso, evidentemente para nosotros hay una gruesa contradicción que la vamos a dar a conocer al juez, porque el jefe de Gabinete lo que hizo fue negar que dentro de los 1.300 millones estuviera el pago a los Greco, cuando el director nacional de Deuda Pública entregó una lista de beneficiarios de los pagos a proveedores y allí figuraban los integrantes de esa familia cada uno con sus montos", aseguró a este diario.>