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Son el titular de Enargas, Fulvio Madaro, y el gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Lo anunció anoche el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, después de que el juez federal Guillermo Montenegro los citara a declarar como sospechosos.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró hoy que, al separar de sus cargos a dos funcionarios involucrados en el caso Skanska, el presidente Néstor Kirchner "no ha hecho otra cosa que cumplir con lo que se había comprometido" para "cambiar a la Argentina".
Fernández se refirió esta mañana al decreto presidencial por el cual el Poder Ejecutivo desplazó al titular de Enargas, Fulvio Madaro, y al gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, implicados en el sonado caso de coimas para la construcción de un gasoducto, aunque aclaró que "el presidente no está juzgando a los funcionarios.>
"Lo que dice es que, si hay alguna duda, no puede el Estado amparar como lo ha hecho históricamente o pedir que un funcionario pida eximición de prisión porque, entonces, sí habría alguna suerte de posible encubrimiento o fortalecimiento del funcionario para que no dé las explicaciones que pudiera dar", sostuvo Fernández.>
"Dejemos que la Justicia proceda y diga cómo es la actitud de cada uno", sostuvo el ministro, en declaraciones a Radio Continental, y avaló la medida porque, "ante la duda, el Estado tiene que tomar decisiones y, si después no tienen nada que ver, hay que reivindicarlos.>
"El presidente dijo: `Si hubiera alguien (involucrado), díganme quién es'; nos han dicho quién es y nosotros nos ocupamos", sintetizó el ministro del Interior.>
Ya no es privado
Consultado sobre la apreciación oficial que adjudicaba el caso Skanska a una cuestión del ámbito privado, Fernández aseveró que en ese momento "estábamos convencidos de lo que decíamos" y que, "si hay algo que tuerza nuestro convencimiento, hay que aceptarlo estrictamente".
En ese sentido, en declaraciones a Radio 10, se preguntó: "¿Cuál es el bien jurídico a tutelar, la palabra empeñada o la verdad? En este caso, es la verdad, y si la verdad nos dice que puede haber dos funcionarios implicados, hay que someterse a la verdad", sentenció.>
"Lo peor que puede hacerse es tener una actitud contumaz -como decía el general Perón-, es decir, obstinada en el error, si es que tenemos un dato de estas características", dijo con relación a la información que le brindara el fiscal Stornelli.>
"Tapar esto bajo la alfombra sería más de lo que sucedió en esta Argentina a la que tanto daño se hizo", sostuvo, al explicar la decisión del presidente de separar de sus cargos a Madaro y Ulloa. Lo que interesa es que (Stornelli) tiene una semiplena prueba de que los funcionarios están implicados", remarcó Fernández a Radio Continental y relativizó el comentario sobre la participación del fiscal en la campaña del vicepresidente Daniel Scioli como candidato a gobernador bonaerense, al considerarlo "una anécdota".>
Destacó que "lo que me preocupa es que estamos hablando de un hecho de corrupción" y que, como tal, "no puedo guardármelo. Soy el ministro político de este país y, teniendo un dato de esa característica, no puedo guardármelo", explicó Fernández al ser consultado sobre la charla telefónica mantenida con el fiscal Carlos Stornelli, que motivó el decreto presidencial por el cual fueron desplazados los dos funcionarios.>
Más pruebas
El bloque de senadores radicales aportó en las últimas horas a la Justicia "otros elementos probatorios" que, a su criterio, darían cuenta de la utilización "del mismo sistema de corrupción" que en el denominado caso Skanska en la construcción del Gasoducto del Sur.
Así lo consignó esta mañana el presidente del partido, Gerardo Morales, quien informó que ayer, junto al presidente del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz; el ex gobernador Carlos Maestro y el diputado chubutense Carlos Lorenzo, realizó una presentación en la que aportaron "otros elementos probatorios.>
"Denunciamos el mismo sistema de corrupción con el Gasoducto del Sur. Hay un sobreprecio de 60 millones de pesos porque había un presupuesto original de 180 millones y se termina adjudicando en forma directa al que tiene que controlar la obra, que es el mismo que la ejecuta, por 243 millones de pesos", indicó.>
En declaraciones a Radio América, Morales agregó que, luego de "esa sobrefacturación, hubo un sobreprecio de 15 millones de pesos" y detalló que "este tema lo viene tramitando (el fiscal Carlos) Stornelli a propósito de una presentación de Lorenzo, a la que ayer se agregaron otros elementos probatorios".>
Apuntan al Indec
El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, dictaminó que se han utilizado "artilugios y artificios" para emitir información "falsa" del Indec, y pidió la separación de sus cargos respecto del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la directora de Índices de Precios de Consumo del organismo, Beatriz Paglieri.
Garrido reveló la sospecha de que "se ha violado el secreto estadístico que ampara a cierta información obrante" en el Indec. El secreto estadístico está garantizado por la ley fundacional del Indec, de enero de 1968, y su violación tiene una sanción en el Código Penal de hasta cuatro años de prisión.
Además de pedir la separación de sus cargos de los funcionarios "para que no obstaculicen la investigación", el dictamen recomienda, además, que a ambos se les prohíba el ingreso al edificio donde funciona el Indec, en la intersección de la Av. Julio A. Roca Sur y Perú de esta capital.
Garrido dijo que detectó "artilugios y artificios" mediante los cuales fue insertada "en instrumentos públicos información falsa". El dictamen fue elaborado en el contexto de una denuncia que presentaron ante la Justicia los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, quienes, incluso, habían pedido la intervención del Indec ante la sospecha de que los datos que elabora ese organismo están manipulados en consonancia con las proyecciones económicas del gobierno.
Garrido sostuvo que "se han podido recolectar suficientes elementos de prueba que permiten sospechar y fundamentar, en esta instancia, que se ha violado el secreto estadístico que ampara a cierta información obrante en el Indec, para ser puesta en conocimiento de la Secretaría de Comercio Interior".
El dictamen subraya "el efecto nocivo que se advierte en el carácter engañoso y falso que han asumido para sus destinatarios los comunicados de prensa oficiales que emite el organismo desde el día 5 de febrero pasado en adelante".
El documento elaborado por Garrido ya fue notificado al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli, quienes tienen a su cargo la causa judicial por la denuncia de Sanz y Morales, y también a la ministra de Economía, Felisa Miceli.
Si bien el Indec depende funcionalmente de la Secretaría de Política Económica, a cargo de Oscar Tangelson, los trabajadores del organismo, economistas y legisladores responsabilizaron a Moreno por lo que consideran una virtual intervención del área de Precios de Consumo.
Paglieri, la otra funcionaria cuestionada en el dictamen de la Fiscalía, asumió en reemplazo de la desplazada Graciela Bevacqua, presentándose como "delegada" de Miceli. Desde el 23 de abril, la conducción del Indec está a cargo del economista Alejandro Barrios.
Prueba de corrupción
El presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, sostuvo anoche que la decisión de echar a los dos funcionarios "deja en claro que hay corrupción en el gobierno".
"Para reconciliar al gobierno con la sociedad, como sostuvo el jefe de Gabinete, aparte de esta medida, lo primero que tiene que hacer Kirchner es echar a Ricardo Jaime por corrupto; a (Guillermo) Moreno y a (Beatriz) Paglieri por los delitos que han cometido en el Indec, y a Nilda Garré por inútil", agregó Morales.
En los mismos términos, la candidata presidencial de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que "éste es el reconocimiento más claro de que no se trató de corrupción entre privados, sino de hechos de corrupción del gobierno de (Néstor) Kirchner".
El diputado del ARI, Adrián Pérez, coincidió con Carrió, pero recalcó que "la cadena de responsabilidades no termina con (Fulvio) Madaro y (Néstor) Ulloa. Hay que avanzar con la investigación hasta que se demuestre la responsabilidad del ministro (de Planificación) Julio De Vido porque el sobreprecio que se pagó es de 16 millones y hay que determinar qué pasó con todo ese dinero".
De la Redacción de El Litoral
