Al sancionar la "Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" (año 2005) la República Argentina cumplió con un requisito necesario pero no suficiente para la intervención en el campo de las infancias. En concordancia con esta idea, desde los distintos Poderes del Estado y desde la sociedad civil, se viene repitiendo que el nuevo orden jurídico exige más y mejores políticas sociales pero, ¿qué significa esto?

Hasta el momento parecería que el objeto de la discusión se agota en acordar o no con el nuevo paradigma jurídico lo que, reducido, consiste en si el "encierro" puede o no seguir siendo un recurso. Así aparecen, a un lado, los que lo descalifican y al otro los que militan abiertamente a favor. Pero, ¿es ésta la oposición central o es que existe otra más profunda y determinante? Al respecto señalemos que aún triunfando la posición a favor existe el riesgo de políticas sociales que no tengan ningún impacto real sobre la situación de las infancias. En definitiva, allí está el caso de Brasil que, incluyendo la faz penal, fue el primero en adecuar su normativa, en 1990. Sin embargo, todavía no puede exhibir resultados atractivos, ejemplo que se replica en la mayoría de los países latinoamericanos. Pero entonces, ¿cuál es la encrucijada?>

En el esfuerzo por ensayar una respuesta no es posible omitir el nuevo orden jurídico. No obstante y para no confundir la parte con el todo podríamos pensar el problema en los siguientes términos: durante la vigencia de la ya derogada "Ley de Patronato del Estado" la utilización de la fuerza (pública) sobre la situación de los niños pobres se instituyó en paradigma lo que incluyó, se sabe, un elevado nivel de incidencia sobre su libertad. Con ello se simplificaron negativamente las problemáticas infantiles, simplificación que pasó a formar parte substancial del paradigma.>

Recordemos aquel contexto: lógica industrial mediante dominaba la idea de producir en cantidad, en la fábrica (se impuso el "fordismo") pero también, concordantemente, en las distintas instituciones de la sociedad. "Ajustar rápido y bien una tuerca" pero no más que eso, en la industria, tuvo su paralelo en -por ejemplo- "recibir papeles rápido y bien" en una Mesa de Entradas. Cárceles, hospitales, escuelas, etc., se instituyeron en dispositivos destinados a producir respuestas estandarizadas para problemas que eran formulados a partir de problemáticas sociales construidas masivamente.>

Ahora bien: esa sociedad industrial ya no existe. En la fábrica, el "fordismo" tiende a ser reemplazado por el "toyotismo" que ya no brega por el "ajusta-tuercas" sino por el operario "multifunción". Sin embargo, en el orden público las viejas lógicas institucionales permanecen inmutables. No se tiene en cuenta que a lo masivo ahora se debe agregar la urgencia de lo singular, equivalente a complejidad. Sin embargo, aún entre quienes están abiertamente a favor del nuevo orden para las infancias, se repite la tentación de la simplificación: si antes, la privación de libertad era el problema ahora parecería que la no-privación, sin más, es la solución. Tal pasaje de lo "simple-viejo" a lo "simple-remozado" estaría expresando la verdadera encrucijada.>

Claro está que ya no son viables los antiguos orfanatos pero tampoco la reproducción masiva de "operadores de calle", "micro-hogares" o "redes" sin que tales recursos sean cuidadosamente cargados de complejo sentido. En la vieja concepción, la "especialización" (ajusta-tuerca) era un modo de dar respuesta a la centralidad de lo masivo -responder mucho y rápido-. Ahora es necesario convertir la "especialización" en un modo de dar respuesta a lo singular como central, lo que incluye el modo en que se piensa el rol de cada funcionario, juez, profesional, etcétera, pero también el modo de interpretar las funciones de cada Poder del Estado.>

El nuevo orden, cuya cabeza expresa la CIDN, impone lo que podríamos denominar "intervención profesional intensiva". Esta "intensividad" no es una dádiva que el Estado decide si concede o no sino que es, ante todo, un derecho jurídicamente establecido para cada niño en concreto. El modo en que se diseñe esta "intensividad profesional" se constituye en la llave maestra para superar la encrucijada. Ella permitiría abrir las puertas hacia un nuevo horizonte que incluya, claro está, la articulación con los distintos sectores no estatales y no profesionales también preocupados por la problemática.>