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De la Redacción de El Litoral
Que los colectivos del transporte urbano e interurbano de pasajeros cuenten con rampas es el mayor anhelo de quienes padecen algún tipo de discapacidad motriz. Y frente a ese deseo, que no constituye un capricho sino una necesidad, es que el viernes pasado se realizó una reunión en la Defensoría del Pueblo entre dos representantes de la población discapacitada y portavoces de las subsecretarías de la Discapacidad y de Transporte de la provincia.
Aunque el resultado del encuentro no fue el más esperado por quienes defienden los derechos del sector afectado, ya que quienes tienen la decisión política de establecer la incorporación de rampas en los ómnibus no fueron sino que mandaron a sus representantes, Gerardo Moreyra, el padre de un adolescente que a causa de la distrofia muscular que padece está en silla de ruedas, consideró que "la mesa de diálogo sirvió al menos como un acercamiento a lo que pretendemos, que es que los colectivos tengan rampas y Santa Fe sea una ciudad de primera".>
Consultado acerca de los puntos tratados, el hombre dijo que la reunión estuvo basada en abordar el tema de la accesibilidad de los discapacitados a los medios de transportes y que como justificación recibieron que "no se le puede exigir a las empresas unidades adaptadas para ellos, porque las leyes no están reglamentadas".>
La defensora del pueblo Zona Norte, Liliana Loyola, precisó que la reunión fue convocada por la Defensoría a partir de una presentación que hizo el padre de Emiliano Moreyra hace varios meses frente a un problema que le es común a la población discapacitada motriz, como lo es el de la accesibilidad.
"Concretamente, lo que está planteando y solicitando el hombre es que se incorporen las rampas de acceso en los colectivos urbanos e interurbanos porque, más allá del caso de su hijo, es un derecho adquirido por los discapacitados", dijo Loyola. Y agregó que fue a raíz de ese pedido que la Defensoría convocó a las áreas específicas del tema para avanzar en el cumplimiento del mismo.>
Cabe señalar que previamente a la convocatoria del viernes, el defensor del pueblo, Carlos Bermúdez, le pidió a la Subsecretaría de la Discapacidad, de Transporte y a la Municipalidad de Santa Fe que dieran los motivos por los que tal derecho no se garantiza. Pero la falta de respuesta de estos organismos a lo solicitado por el defensor derivó en que se convocara a la reunión que, en palabras de Liliana Loyola, "se ideó como una mesa de diálogo donde los actores involucrados en dar cumplimiento a una normativa puedan plantear los motivos por los que no la cumplen".>
"La gente de la Subsecretaría de Transporte argumentó que si bien existe una ley provincial, la reglamentación de la misma, que sería el elemento jurídico que le permitiría exigir a las empresas su cumplimiento, todavía no está y, por lo tanto, no cuentan con los elementos legales suficientes para poder exigir las rampas", dijo la defensora del pueblo Zona Norte, agregando que otro tema que surgió en la reunión fue el de la discriminación que sufre Santa Fe respecto de los subsidios al transporte que se dan a nivel nacional, ya que eso podría agudizar en parte el problema.>
Por último, lo que se resolvió en el encuentro fue convocar a la brevedad a una segunda reunión donde estén presentes las autoridades políticas correspondientes, tanto municipales como provinciales, ya que desde la Defensoría aspiran a que "no haya discriminación y los discapacitados puedan gozar de sus propios derechos, como es la posibilidad de viajar en todos los medios de transporte y de la forma adecuada".>
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