Desde hace bastante tiempo, diversos especialistas en materia de energía, venían anticipando lo que hoy es una realidad tangible y que antes o después va a afectar a todos los ciudadanos: la tan temida crisis energética.

Tal vez la más grave confirmación de la incapacidad del Estado argentino para generar políticas a largo y mediano plazo es la falta de conocimiento de los funcionarios -rayano con la negligencia- de la situación real de los servicios públicos privatizados y el tremendo fracaso de los distintos Entes Reguladores cooptados por el Poder Ejecutivo de turno, que consintieron los reiterados incumplimientos de las inversiones de las privatizadas.>

Y este trance es propicio para hacernos reflexionar sobre el modelo de privatización y desregulación de los servicios públicos pergeñado en la década pasada, que fue diseñado en un contexto de tarifas dolarizadas y alta rentabilidad en esa moneda para las empresas prestadoras y que claramente no funciona en un país donde el dólar está sobrevaluado y la preocupante situación inflacionaria no soporta un alza de tarifas para efectuar las inversiones que deberían realizarse.>

Ahora bien, �qué habría que hacer ante la crisis? Frente a la problemática actual existen tres medidas básicas que debería tomar el gobierno nacional: declarar la emergencia energética, crear un comité de crisis que tome decisiones centralizadas y aplicar reglas, precisas, sencillas e igualitarias para todos los usuarios.>

Las crisis requieren de medidas extraordinarias colectivas, puesto que de no ser así se cae en el caos como está sucediendo, y el resultado final son males mayores.>

Estamos convencidos de que la gran mayoría de los usuarios son solidarios, están dispuestos a poner el hombro una vez más, ahorrar energía y colaborar para salir de esta situación; pero para ello es necesario que desde el Estado se tome en serio la crisis y se efectúe un planteo unívoco de solución, se trabaje con firmeza y transparencia y que se tenga un plazo temporal para que el problema sea solucionado.>

En caso contrario, seguramente el conflicto se profundizará y llegaremos a los nefastos e indeseables cortes rotativos, donde se castigará de igual forma a quienes ahorran energía como a quienes la dilapidan. O lo que es peor, se generarán costos mayores a las industrias, que indefectiblemente pasarán a los precios, produciendo mayor inflación y pobreza.>

Pero este proceso requiere de equidad y para ello es fundamental que no sólo los ciudadanos comunes, comerciantes, industriales y los organismos del Estado asumamos el ahorro que nos corresponda efectuar, sino que también tengamos tarifas igualitarias y no como sucede actualmente donde los usuarios residenciales de la EPE -según un trabajo efectuado por el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi- pagamos en promedio una tarifa un 70 % más cara que un usuario residencial de Edenor, cuando los usuarios industriales de la EPE abonan una tarifa desde un 7 % más cara hasta un 9 % más barata con respecto a Edenor. En consecuencia ahorro sí, pero tarifas igualitarias también. Como señalara el poeta Horacio "El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor". >