El gobierno parece jaqueado por imputaciones de corrupción. Algunos afirman que influye el año electoral. Otros ven una batalla sórdida dentro del propio gabinete.
Algunos dirigentes creen que es la proximidad de las elecciones, otros que es el desgaste natural del final de un agitado primer mandato presidencial; la oposición asegura que es la revelación de la tan mentada matriz de corrupción kirchnerista y, en voz baja, muchos sugieren que es el fruto de la batalla interna que se libra dentro del poder, en busca de un posicionamiento que garantice la continuidad en una eventual gestión de la senadora Cristina Fernández.
Es difícil explicar el repentino auge de denuncias contra integrantes del Gabinete que se produjo en la primera mitad de 2007, con especial énfasis en las funcionarias Nilda Garré, Felisa Miceli (ministras de Defensa y de Economía), y Romina Piccolotti (secretaria de Medio Ambiente). Sobre todo porque -excepto en el caso de la ex titular del Palacio de Hacienda, donde lo que está en juego no es un tema de gestión-, las denuncias que dan origen a estos casos suelen aparecer en contextos complejos, en los que resulta difícil discernir entre la noble intención de hacer justicia y la maniobra oculta que -inevitablemente- el gobierno encontrará detrás de lo que considera operaciones destinadas a perjudicar la imagen oficial en tiempos electorales.>
La avanzada se inició, en rigor, con el caso Skanska, donde todavía persiste la hipótesis de que funcionarios del gobierno nacional podrían formar parte de un sistema de sobornos para favorecer a determinadas empresas -en este caso la de origen sueco- en contratos de obra pública. La denuncia le costó al gobierno nacional la salida de dos funcionarios de entes autárquicos, como el ex titular del Enargas, Fulvio Madaro, y el ex gerente de Fideicomisos Nación, Néstor Ulloa, quienes por estas horas intentan demostrar ante el juez Guillermo Montenegro que no formaron parte de un negociado. Sin embargo, en la escala más alta de responsabilidades se encuentra el poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien la oposición intenta ver desde hace tiempo - aunque por ahora sin éxito- sentado en Tribunales.>
Tres mujeres
Con todo, fue en junio, y en los días previos a que el gobierno decidiera anticipar el lanzamiento de la candidatura presidencial de Cristina Kirchner, que se inició la seguidilla de imputaciones -todas ventiladas a través de medios de comunicación- contra integrantes del Gabinete.
Una fuente de la Casa Rosada atribuyó este hecho a que "la transición se metió con mucha antelación cuando Kirchner oficializó que él no iría por la reelección y que el cambio recién empezaba de la mano de Cristina". De ahí en más, todos los sectores -agregó- entraron en una puja por posicionarse para lo que viene.>
El hallazgo de una bolsa con casi 200.000 pesos en un armario del baño del despacho de Felisa Miceli desencadenó el, hasta ahora, más escandaloso caso de presunta corrupción de la gestión kirchnerista. A la ex funcionaria -que renunció tras conocerse la decisión del fiscal Guillermo Marijuán de citarla a indagatoria por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de documento público y encubrimiento- el `error no forzado' como lo calificó socarronamente una fuente gubernamental, le costó el puesto y, casi podría asegurarse, la carrera política. El problema no fue sólo la aparición del dinero, sino el derrumbe en tiempo récord de su coartada -"el dinero me lo prestó mi hermano para hacer una operación inmobiliaria" que luego se frustró, dijo, y el fiscal le respondió que era de origen espurio-. En su entorno, y en varios pasillos del poder, aseguran que su caso es uno de los que revela claramente el nivel de disputa que existe dentro del propio kirchnerismo. "El que le dio al diario Perfil el acta es, por lo menos, del mismo edificio", señaló una fuente, en obvia alusión al histórico enfrentamiento entre la ex ministra y De Vido.>
A los pocos días, un título del diario Clarín que alertó sobre `extraños manejos' en la secretaría que dirige Piccolotti, volvió a poner en un brete a la Casa Rosada. Sin embargo, los reflejos funcionaron con más rapidez en esa ocasión y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a ponerle el pecho personalmente a lo que consideró como `formidables operaciones' cuyo origen atribuyó a un ex funcionario del área despechado. Lo de Piccolotti fue, cuanto menos, curioso, porque así como la denuncia periodística sobre contrataciones masivas en Medio Ambiente, y el uso excesivo de aviones particulares para su traslado, pareció aludir a graves delitos, en rigor se trató de decisiones administrativas que el gobierno pudo justificar amparado en razones de gestión. El tema se enfrió rápidamente y en su reemplazo surgió, al finalizar esta semana, la sospecha de corrupción sobre Nilda Garré.>
En este caso, el contexto -el día de lanzamiento de la candidatura de Cristina- y el protagonista de la imputación -un juez investigado por el Consejo de la Magistratura- actuaron como atenuante. Todavía no queda claro si la acusación por mal desempeño que votó la comisión homónima de ese cuerpo al día siguiente de la citación a Garré fue una consecuencia de la resolución del magistrado, o si éste decidió adoptarla un día antes de que se lo pusiera al borde del juicio político, porque sabía que terminaría señalado. A la ministra de Defensa la investiga el juez Guillermo Tiscornia por presunto `contrabando agravado', a raíz de una exportación de material bélico a precios subfacturados que detectó la Aduana antes de que partiera a los Estados Unidos. La funcionaria dijo que el magistrado había sobredimensionado su responsabilidad en el caso, y relativizó el rol de su cartera en esa operación. Tiscornia, en tanto, empezó a pensar seriamente en la renuncia, como una forma de evitar una casi segura destitución por parte del Consejo de la Magistratura.>
Tiscornia piensa en renunciar
El juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia, quien imputó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, en una causa por contrabando agravado de pertrechos militares a Estados Unidos, deslizó la posibilidad de renunciar a su cargo para evitar un juicio político por otro expediente, en el que él mismo está acusado de coimero. "Quizá le haga un buen regalo a mi señora esposa, pero no sé si lo voy a hacer en lo inmediato", respondió Tiscornia cuando fue consultado sobre su eventual renuncia para evitar el juicio político que impulsa el Consejo de la Magistratura.
"Es muy aburrido ver la misma película tres veces. La misma metodología de desestabilización que se aplica", señaló el juez, al aludir a otros procesos de juicio político que afrontó y de los que salió indemne.
Tiscornia sugirió que la supuesta persecución en su contra por parte del organismo encargado de juzgar la conducta de los jueces obedece a que se "atrevió a desafiar la autoridad del Consejo de la Magistratura interponiendo una acción de amparo por haber sido arbitrariamente excluido de una terna" para camarista.
Rehén
Nilda Garré profundizó su defensa ante a la imputación en una causa de contrabando y acusó al juez Guillermo Tiscornia de intentar tomarla de rehén para ver si negocia el juicio político abierto en el Consejo de la Magistratura.
"Tengo mucho respeto por la Justicia cuando es un juez digno, pero no cuando un juez me quiere tomar de rehén", respondió la titular de Defensa.
La ministra recordó que "Fabricaciones Militares no está en el área de Defensa desde hace diez años. El año pasado el Presidente, justamente con la finalidad de levantar la capacidad productiva la pasó al Ministerio de Producción y Planificación".
Julia Izumi (CMI)
