El diputado Danilo Kilibarda presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo incluya en los sucesivos mensajes de ley de presupuesto los recursos necesarios para la definitiva construcción del Centro Cívico Administrativo y espacios verdes en las dos manzanas que separan la Casa de Gobierno con el edificio del Centro Cívico. La iniciativa pretende, además, que se considere al emprendimiento como política de Estado. En los hechos, el legislador santafesino solicita que se cumpla con tres leyes vigentes de la provincia.

El objetivo de Kilibarda es cumplir con los proyectos originales para que las distintas dependencias del Estado provincial se encuentren concentradas en un determinado sector de la ciudad, no como ahora, desperdigadas; con locales propios y no pagando alquileres y gastos en refacciones que luego quedan para propietarios de inmuebles.>

El 11 de agosto de 1967, el gobierno de facto declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las manzanas 45 y 65, comprendidas entre las calles San Martín y San Jerónimo, entre Amenábar y Uruguay, para emplazar "edificios públicos y demás servicios complementarios que resulten apropiados para alojar las reparticiones públicas que, en gran cantidad, se encuentran diseminadas en la ciudad de un modo inconveniente para las funciones a que están destinadas". Sobre fines de 1976, se dictaron las leyes 7950 y 8084, que ampliaron los objetivos a la incorporación de espacios verdes que podrán ser destinados a plazas, parques y jardines.>

El Centro Cívico comenzó a construirse al sur de esas manzanas y allí funcionan los ministerios de Educación y de Hacienda. En cuanto a las manzanas expropiadas aledañas a la Casa de Gobierno, pese a haberse expropiado los inmuebles, no se procedió a su demolición; se utilizan para alojar reparticiones públicas y algunas de origen privado con funciones públicas. En los lugares donde se procedió a la demolición, los espacios son utilizados para estacionamiento oficial.>

En la otra manzana, se demolieron los inmuebles y el predio pasó a ser playa de estacionamiento para los empleados y quienes concurren al Centro Cívico, y la otra mitad es un espacio verde que no cumple la función que le fijó la ley, "ya que el predio no es una plaza, no parece estéticamente incorporado al parque y menos resulta un jardín", dice el autor.>

Para el diputado oficialista, los fundamentos de la ley N° 6337 siguen teniendo vigencia, específicamente cuando habla sobre la necesidad de alojar en un centro administrativo a las reparticiones públicas que en gran cantidad se encuentran diseminadas en la ciudad de un modo inconveniente para las funciones a que están destinadas. "El Estado ha incrementado su estructura con la creación de nuevos organismos; se pagan onerosos alquileres por inmuebles carentes de los requisitos mínimos que demanda una repartición pública para funcionar, lo que va en detrimento tanto de los empleados que prestan allí sus servicios como del público que debe cumplimentar, con poca o ninguna comodidad, trámites en las distintas reparticiones".

Kilibarda considera que el capital que demande las nuevas construcciones no resultará tan importante. "Hoy se están gastando grandes sumas en alquileres sobre propiedades ajenas; también, en arreglos en inmuebles ajenos y propios que no sirven para el destino que se le está dando y otros que pertenecen al Estado, donde se cumplen funciones que sería preferible realizar en el Centro Administrativo y vender los anteriores. Esto compensaría en buena medida el gasto a realizar".>

El otro aspecto que toma el legislador es el cambio que se produciría en la estética de esa zona del sur de la ciudad. "Es posible levantar varias edificaciones, con el más depurado criterio urbanístico, detrás de Casa de Gobierno, rodeadas de espacios verdes, con mucho futuro, sin las casillas de atrás ni las viejas construcciones actuales". El objetivo es "pensar un Estado provincial de cara a las futuras generaciones, con un proyecto abarcador desde lo funcional y lo urbanístico que le dé una solución definitiva al núcleo central de la administración pública provincial".>

De la redacción de El Litoral