Mario Cáffaro

La Cámara de Diputados de la provincia resolvió abrir un lapso de dos años para que puedan llevarse adelante las divisiones de inmuebles rurales en fracciones inferiores a la unidad económica. La excepción a la prohibición establecida por la ley N° 9.319 es para aquellos fundos que, al momento de promulgarse la norma, estén inscriptos en condominios o que se encuentren en proceso sucesorio del que derive la adjudicación en condominio.

La desregulación de la llamada unidad económica agraria es un asunto que, desde 1991, se instala en la Legislatura y donde no fue posible alcanzar un consenso mínimo que hiciera prosperar las iniciativas. El asunto, además, divide internamente a los mayores bloques políticos y esto hace que una norma que reglamenta institutos del Código Civil, dictada a fines del último gobierno militar, no fuera modificada durante los 24 años de sistema democrático.>

El pasado jueves, Diputados pudo conformar una mayoría para dictaminar el asunto y elaborar una salida propia distinta a la votada en dos ocasiones por el actual Senado. Para ello optó por abrir un espacio de dos años que permitiría avanzar con la desregulación. De todos modos, en el recinto -más allá de chicanas esperables ante la inminencia de un comicio- hubo debate con argumentos atendibles desde ambos sectores.>

La media sanción del Senado que permitía la subdivisión de cualquier parcela rural con la conformidad -por escrito- de todos los titulares del condominio tuvo dictamen favorable de la mayoría justicialista en la Comisión de Agricultura y Ganadería. En esa misma comisión, un despacho del arista Aldo Strada ratificaba la indivisión de los predios cuando ello "convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento por el riesgo de generar minifundios o parvifundios, principios que inspiran a restricciones al dominio".>

La Comisión de Asuntos Constitucionales optó por un camino intermedio y abrió la posibilidad por dos años para determinados fundos. El dictamen llegó al recinto con las firmas de los justicialistas Mario Esquivel, Danilo Kilibarda, Mario Lacava y Liliana Meotto y el radical Hugo Marcucci.>

Al momento de la votación, justicialistas y Marcucci levantaron la mano; el socialismo pidió autorización y se abstuvo mientras que el ARI y los radicales Santiago Mascheroni y Daniela Qüesta votaron en contra.>

Strada y Mascheroni llevaron adelante las objeciones e incluso llegaron a solicitar la postergación de la votación. El justicialista Jorge Lagna, en tanto, fue el encargado de la defensa.

Para el primero la polémica no está saldada y objetó que el Senado no haya tratado nunca el proyecto de Código Rural pero sí haya insistido con la derogación de la unidad agraria. "Nosotros salimos por la ventana en lugar de hacerlo por la puerta grande del acuerdo", reprochó para advertir que "durante dos años se permitirá la división sin más control que el de agrimensores y escribanos". No dudó en afirmar que la decisión traerá aparejada una mayor concentración de la tierra y vaticinó que los pools de siembra serán los grandes ganadores porque podrán adquirir tierras y advirtió que "no hay créditos a tasas accesibles para que el pequeño propietario pueda incorporar más tierras">

Recordó que el censo agropecuario de 1988 determinó que la superficie promedio de producción era de 170 hectáreas y en el 2002 de 400 hectáreas.>

Mascheroni, por su parte, fundamentó su oposición en artículos de la Constitución Nacional y provincial y en la ley de Medio Ambiente. "Es un problema ambiental porque se afecta el modo de desarrollo sustentable". Cuestionó el modelo productivo agrario elegido por Santa Fe y definió el proyecto como "de filosofía neoliberal donde el mercado regula las tierras".>

Después de hacer saber que entidades agropecuarias, las cátedras de Derecho Agrario y especialistas se oponen a la salida elegida, advirtió que ésta "se da de patada con normas superiores".>

En cambio, Lagna consideró que no existe obligación para que las provincias regulen la superficie mínima y consideró que "la ley 9319 ya fracasó. Se desnaturaliza a Vélez Sarsfield (autor del Código Civil) cuando se lleva la indivisión a extremos". Destacó que el único no consultado sobre el tema es el productor agropecuario. "La política agropecuaria no pasa por la superficie. No podemos hacer padecer a productores por este cepo o dejar en manos de un burócrata instalado en Santa Fe si es económica o no una explotación agropecuaria".>

El socialista Cecchi optó por la abstención ya que entiende que el problema existe pero la salida elegida lo agrava. "Hay problemas en los condóminos, pero entendemos que ésta no es la manera de responder" advirtió.>