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Para Luis Cáceres, el radicalismo de Santa Fe perdió una buena oportunidad este fin de semana para empezar a restañar las heridas internas y encolumnarse detrás de la fórmula Roberto Lavagna-Gerardo Morales, pero también denunció el intento de las autoridades de los máximos órganos partidarios nacionales de intervenir "sin razón alguna" el distrito Santa Fe.
Sentado nuevamente al frente del comité provincial tras la resolución de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, Cáceres revela parte de la negociación del fin de semana y anuncia la participación de la lista 3 "con el escudo radical y con candidatos a diputados propios" el 28 de octubre, acompañando la fórmula de Lavagna.
"Ante la decisión del comité nacional de llevar una fórmula, era la oportunidad de encolumnarnos todos, con la boleta radical, hacer una lista propia y aprovechar esos 60 días, en el esfuerzo conjunto de buscar votos, restañar las heridas y reconstruir más rápidamente el partido". Asegura que, en el corto período en que estuvo el interventor partidario, Mario Járaz, el sector le dio elementos para hacerlo, incluso les ofreció a los llamados Radicales por el Frente el primer lugar y el cuarto en la lista. "La contrapropuesta fue considerada indecorosa por el interventor, que ni siquiera se atrevió a comunicárnosla". Era un cuarto lugar, pero con un listado de vetados. "A partir de entonces, no había nada más que conversar y oficializamos la lista surgida de la interna". Esa lista es encabezada por Juan Carlos Millet y Alicia Tate, es decir, con los miembros invertidos de lo que fue la fórmula radical a la gobernación y que no alcanzó el 3 % de los votos.
Cáceres insiste en que su partido "necesita un sicólogo, no un interventor", y asegura que lo ocurrido en los últimos días le da la razón. "Tuvimos una actitud propositiva y del otro lado nos salieron con una gansada. Esta película vino direccionada desde Buenos Aires con el objetivo de colocar un candidato puntual. No era una intervención que venía a recomponer las cosas. Era una intervención que venía con la lapicera a poner algunas personas en la lista de diputados nacionales. Esto se verá con el correr de las horas" aseguró, un rato antes de que se conociera el cambio en la lista de Unir (ver El dato).
"Después se quedaron sin barco, van a hablar con el PDP para que les den el primer lugar en la lista, cuando tenían dos días antes un ofrecimiento nuestro para encabezarla. Estoy cansado de no decir las cosas y terminar siendo cómplice involuntario de la confusión general".
Insiste en que desde la conducción del radicalismo hay actitud al diálogo, pero señala que, producido el cierre de listas, legalmente es muy dificultoso rearmar nóminas. "Aunque los candidatos nuestros tienen la disposición de renunciar, el artículo 61 del Código Nacional Electoral establece corrimientos, no sustituciones".
Cáceres no duda en señalar que el presidente del comité nacional, Gerardo Morales, fue parte de la maniobra con el titular de la convención nacional, Adolfo Stubrin. "Primero, llegó el presidente de la convención con el interventor; al día siguiente, vino el titular del partido. Es obvio que hubo responsabilidades. Entraron en un terreno de imposible resolución jurídica en cuanto esto sea favorable para ellos". Enseguida, se pregunta con qué argumentos intervinieron el comité y recuerda que todas las decisiones de intervención a las provincias fueron invalidadas por la Justicia. Se queja de la falta de apoyo nacional a los candidatos provinciales, resalta el apoyo a la alianza con Lavagna, a la fórmula. "No tienen resquicio alguno de desacatamiento a las directivas nacionales", afirma.
Tres nóminas
La fórmula Lavagna-Morales tendrá en Santa Fe tres listas de candidatos a diputados, ya que a la radical se suma la del PDP y una tercera, Unir. Que, inicialmente, iba a ser encabezada por los justicialistas Rodolfo Vachiano e Irma Foressi. Pero ahora el primero fue reemplazado por el radical Adolfo Stubrin, con lo cual los radicales "frentistas" obtuvieron una candidatura. El cambio fue inscripto en la Justicia Electoral, pero podría haber objeciones formales.
De la redacción de El Litoral