Obvia referencia al propuesto Dr. Agustín Bassó como procurador general
Daniel Erbetta acusó de caer en "razonamientos fascistas" a quienes dudan de sus condiciones por haber defendido a funcionarios, como el ex subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Rossi. Dijo sobre los argumentos de falta de oportunidad política esgrimidas por la oposición que no puede adelantarse " de facto el mandato del gobernador electo".
El Dr. Daniel Erbetta puntual llegó a la Legislatura. Bastó una pregunta de los periodistas que lo aguardaban para que el abogado penalista ensaye una muy extensa respuesta con varios destinatarios, a los que no nombró. Y para que en cuestión de minutos libere su "fastidio" por tener que responder a cuestionamientos apoyados en el ejercicio de su profesión como abogado defensor.
Habló del gobernador electo Hermes Binner y advirtió que su mandato no puede adelantarse "de facto". Y sobre los cuestionamientos que se ensayan desde el PS por su actuación como abogado defensor de ex funcionarios del gobierno de Jorge Obeid, que ahora lo propone como miembro de la Corte Suprema.
El prestigioso profesional también tuvo palabras para el pliego del Dr. Agustín Bassó. "Soy hijo único, no tengo hermanos", deslizó sobre el tratamiento de las propuestas que tratará mañana la Asamblea Legislativa.
Sin que hubiera preguntas sobre el Dr. Bassó, dijo textualmente: "Mi pliego es individual. No tengo hermanos, soy hijo único. Los pliegos se tratan por separado. Por lo tanto si hay impugnaciones hay que hacerlas. A cada uno en particular y sobre bases fundamentadas".
Para Erbetta la forma cómo se designan los jueces en Santa Fe no sólo es constitucional sino también "público y transparente". Elogió el proceso de selección, de discusión y el tratamiento que reciben los pliegos de los magistrados. Sostuvo que el decreto N° 222 que rige a nivel nacional establece obligaciones que "no son muy distintas" a las que aquí existen para todos los magistrados, excepto los miembros de la Corte.
Subrayó que fue por expreso pedido suyo, que su pliego ha sido expuesto a seguir esos trámites, que consisten en publicaciones de antecedentes y apertura de manifestaciones de apoyo y rechazos.
"Pedí que se me incluyera como con cualquier otro magistrado y por lo tanto se abrió el proceso de impugnaciones", recordó antes de entrevistarse con la Comisión Bicameral de Acuerdos, otro paso que también fue reclamado por el propuesto (del que la ley lo exime).
"Aquí hay un procedimiento constitucional. Y cuando uno pide cumplir la Constitución debe hacerlo en todo, en lo que le gusta y lo que no", sintetizó.
Adhesiones
"He recibido -agregó enfático- más de 200 adhesiones y una sola impugnación que, por lo que he visto por Internet, diría que no tiene ningún tipo de fundamento. Que no tiene idoneidad como impugnación porque es realmente una especulación casi diría tragicómica...".
Comentó que "he pedido reuniones con asociaciones intermedias" y que se reunió "con el Colegio de Abogados de Rosario, cuyo presidente solicitó un aplauso cuando terminé de hablar sobre temas de la Justicia".
"He pedido reuniones con los gremios. He tenido un encuentro con la DAIA. Hablé con Sonia Alessio de Amsafe. Me he ofrecido voluntariamente y he dicho que, para cuanta organización intermedia lo requiera, estoy dispuesto a entrevistarme", dijo.
Añadió que "le mandé una nota al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y al Dr. Daniel Sabsay, ayer, a quienes les tengo un profundo respeto. Ellos evidentemente no conocían el trámite que tiene previsto Santa Fe. En esa nota -como yo soy un investigador que trabaja proyectos junto con el Cels-, les explico cómo es el procedimiento público y transparente que tiene la provincia. Ellos habían hecho un comunicado hace más de una semana, que ahora se amplificó por los medios tardíamente, sobre la base de lo que les habían contado... Les habían dicho que nosotros no teníamos prácticamente ningún tipo de procedimiento que implique publicitar los nombres de los candidatos y eventualmente formular objeciones, lo que no es cierto".
Un diálogo frontal
-Ud. sabe que no se ha cuestionado tanto a su persona como a la oportunidad política para el envío de su pliego.
-No, no es cierto. Los cuestionamientos principales son metodológicos. Y parten de una falsedad que es negar o ignorar u ocultarle a la gente cuál es el procedimiento (para las designaciones de los jueces) en Santa Fe. Los cuestionamientos de oportunidad política no los he visto: sería un absurdo que un gobierno electo pretenda extender su mandato.
-Se los ha formulado, pero por los medios, no en términos formales.-Sí. Pero a esto de la oportunidad política no hay un constitucionalista en la Argentina que pueda avalarlo. Implicaría que el mandato del gobernador electo se prolongó de facto. Imagínese que si un gobernador prolonga su mandato antes de asumir...
-Las objeciones que se le hacen a su pliego tienen que ver con las vinculaciones suyas con dirigentes políticos y candidatos. Concretamente, ¿Ud. fue abogado de Alejandro Rossi?-No. La impugnación tiene que ver con una circunstancia nefasta que es cuestionar el derecho de defensa, que es cuestionar el libre ejercicio de la profesión. Que es cuestionar que yo haya defendido a un amigo personal que es Alejandro Rossi. Un amigo personal, no de la política. Soy un hombre que no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Justicialista. Soy afiliado radical y sigo siéndolo. He tenido mi actividad vinculada a sectores del radicalismo frentista. Que esto quede claro: yo defiendo a quien quiero. Y el límite ético para tomar una defensa es el que me proporciona la posibilidad de que yo pueda dañar a mi defendido. Jamás defendería un genocida. Sí lo hago con un amigo, lo hice hace tres años. Antes que defendiera a Rossi, el gobernador (Jorge) Obeid en un gesto que siempre respeté como éste que ha tenido ahora porque no soy su amigo, me había ofrecido el Ministerio de Derechos Humanos. Un año antes que Rossi tuviera su problema... Con este criterio de que si defendí o no a un funcionario, yo tendría una interdicción para ocupar cualquier cargo en la Justicia. He defendido y asesorado a encumbrados dirigentes del Partido Socialista Popular...
-¿Hermes Binner?-No hago referencias puntuales. He hecho dictámenes para legisladores nacionales y provinciales, fundamentalmente del radicalismo y de otros partidos. Con mucha valentía el senador (Rubén) Giustiniani (PS-Santa Fe) se opuso en el Senado de la Nación a la ley que penalizó el delito de asociación ilícita terrorista y financiamiento del terrorismo, una ley que los Estados Unidos han solicitado como derivación del Acta Patriótica que ellos adoptaron luego del 11 de setiembre, norma que en Chile sirvió para que los mapuches fuera presos por sus protestas por las tierras, y los dictámenes con el que Giustiniani fundamentó su voto, fueron uno del Cels y otro que firmé yo.
Sobre fastidios y fascistas
-Dr. Erbetta, además de Alejandro Rossi, ¿Ud. defendió a algún otro funcionario del gobierno de Obeid?
-He defendido funcionarios radicales, justicialistas, a encumbrados dirigentes socialistas... Pero escúchenme: mi profesión es la de un abogado penalista: por treinta años. He estado (por estos días) en todos los medios, imagínense que si hubiera cometido un problema cuántos clientes ya deberían haber aparecido... son en realidad 28 años de ejercicio.
Además, no puedo darle nombres de las personas que he defendido por una razón obvia. Aquí hay una confusión cultural, que parte de suponer que una persona que enfrenta un proceso penal es un culpable. Porque culturalmente tenemos nosotros asociada la posibilidad del sometimiento a proceso con la ruptura del principio de inocencia, lo que es lamentable. No se le puede pedir a un abogado penalista que dé un listado de sus clientes. No es siquiera éticamente correcto.
Esta es una cuestión que me fastidia muchísimo. Y digo más: en la época del Proceso se identificaba al abogado con el cliente; en la época del nuevo enemigo que era la droga se identificaba al abogado con el cliente... Son razonamientos propios del fascismo, y a los fascistas hay que denunciarlos. Y yo lo denuncio públicamente: cuestionar un derecho sagrado -como es el derecho a la defensa en el marco del ejercicio libre de una profesión- es algo que no sólo resulta reprochable éticamente, sino que es ideológicamente inaceptable y que no tiene nada que ver con el diseño institucional de nuestra Constitución.
De la redacción de El Litoral
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