Los informes de Transparencia Internacional respecto de la corrupción en la Argentina se parecen más a un lugar común que a una noticia, en tanto que desde hace años reiteran la misma información. Sin ir más lejos, este año la Argentina estuvo calificada en el puesto 105. Esto quiere decir que entre 182 países reconocidos por las Naciones Unidas, la corrupción en la Argentina está más cerca de las republiquetas africanas que de las democracias europeas, a las que en tiempos lejanos tomábamos como modelo.

Pero no sólo de Europa nos hemos distanciado. También la distancia es significativa en América Latina en donde nuestra capacidad para corrompernos supera a México, Perú y Cuba, países que precisamente no son un ejemplo de virtud republicana. A modo de consuelo, importa saber que Haití, Santo Domingo y Nicaragua mantiene índices de corrupción superiores a los nuestros. También somos más virtuosos que Venezuela y Bolivia, no por casualidad nuestros aliados estratégicos en el subcontinente.

Las mediciones sobre corrupción se realizan atendiendo a un conjunto de variables que permiten evaluar la calidad de las instituciones y la eficiencia de la gestión pública. La transparencia en este terreno es un dato ético y moral, pero por sobre todas las cosas es una variable que permite medir la eficacia funcional de un sistema político.

En este sentido, no es casualidad que los países con niveles más altos de productividad y equidad social sean al mismo tiempo los que mantienen los índices más bajos de corrupción. Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia son, en este sentido, ejemplos paradigmáticos. Para registrar el carácter complejo de estas mediciones, digamos que lo mismo no se puede decir -por ejemplo- de Estados Unidos e Italia, países desarrollados pero con niveles elevados de corrupción.

Conviene insistir, por lo tanto, en el concepto que señala que la corrupción es un vicio que erosiona a las instituciones, la credibilidad republicana y el propio funcionamiento de la economía. Un conocido politólogo europeo se refirió a ella diciendo que consiste en la privatización por parte de políticos y burócratas del presupuesto público. La apreciación es correcta y aleccionadora, sobre todo para gobernantes que sostienen una retórica populista a favor de los beneficios de la economía estatal.

Desde el punto de vista político, la corrupción se efectiviza por dos razones que suelen estar interrelacionadas: el enriquecimiento particular de actores públicos -y asociados del campo privado- y el sostenimiento de una estructura de poder que asegura su reproducción. "Robo para la corona" es la variable más desenfadada, desvergonzada y cínica de esta filosofía política.

La experiencia enseña que la corrupción se reduce de manera sensible cuando existe una sociedad que controla. También se sabe que en las sociedades de masas el ciudadano común se siente impotente para corregir vicios que se producen en esferas de poder muy lejanas a su cotidianeidad. Por eso resulta indispensable la presencia rectora de una clase dirigencial, un dato ausente en la Argentina a juzgar por la recientes mediciones de Transparencia Internacional.