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Movilizados por los efectos negativos de la emergencia hídrica de marzo pasado, dolidos por la falta de respuesta oficial y motivados por la ayuda económica que sí recibieron otros sectores damnificados, los esperancinos del barrio Sur agrupados en Vecinos Unidos por el Agua (VUA) podrían iniciar trámites en el plano administrativo que llevan un reclamo concreto de resarcimiento por los perjuicios padecidos en la referida contingencia.
En este sentido, los abogados patrocinantes de este grupo siguen trabajando y haciendo gestiones en diferentes ámbitos. "De no tener ningún tipo de respuestas en el corto plazo -según el mandato de la última asamblea-, convocaremos en los próximos días a la gente para que, en forma individual, preste conformidad de iniciar conjuntamente el reclamo administrativo correspondiente", expresaron por medio de un comunicado.
Desde la solicitud de audiencia al gobernador y la apertura de un registro de daños para todas las familias de ese sector de la zona urbana -como diera cuenta este diario en su edición del 10 de julio pasado-, las reuniones semanales se sucedieron con numerosa participación de los vecinos que ahora podrían formalizar un reclamo administrativo. "Lamentablemente no tuvimos respuesta del gobierno provincial que le bajó el pulgar a este tipo de reclamos", sintetizaron representantes de VUA consultados por El Litoral.
En el ámbito provincial -apuntaron- "es de público conocimiento el enorme desinterés y la indiferencia absoluta manifiesta por el gobernador en cuanto a nuestro pedido, sabiendo que ha ayudado económicamente a comerciantes, industriales, clubes deportivos y productores rurales. Obviamente que apoyamos esto, a pesar de que seguiremos insistiendo por todos los medios que tenemos a nuestro alcance que nos atienda y nos reciba las 2.500 carpetas presentadas que fundamentan y sostienen nuestro reclamo".
Cabe recordar que cada vecino presentó una nota que acompaña una carpeta con la documentación de los daños sufridos y hace explícita la solicitud de un resarcimiento económico.
A la vez, en los últimos días se concretó una reunión con el intendente de Esperanza, Rafael De Pace, a quien le solicitaron que revea su posición en relación al pedido de resarcimiento. También se reunieron con la intendenta electa, Ana Meiners, a quien instaron a continuar con las obras necesarias para prevenir futuras inundaciones.
El argumento central pasa por las condiciones en las cuales quedaron algunas viviendas de familias de un sector económico medio y bajo, que no están en condiciones de erogar sumas de dinero que oscilen los 10 mil ó 20 mil pesos. Tampoco podrían cumplir con los requisitos indispensables para la toma de un crédito, con lo cual, las posibilidades de rehacer su vida en condiciones dignas se reducen.
Distinta es la situación de las familias que cuentan con emprendimientos comerciales que ya han comenzado a refaccionar sus viviendas o locales.
Desde un comienzo, esta agrupación de vecinos se planteó el objetivo de que se realicen las obras necesarias para no volver a padecer las terribles consecuencias que dejaron estos desastres meteorológicos. Este largo camino estuvo acompañado del diálogo con las autoridades de turno y los reclamos de obras "han sido escuchados con la atención debida", resaltaron.
Sin embargo, hoy se plantea un segundo desafío que está vinculado con recuperar parte de lo perdido. "La mayoría de nosotros es trabajadora y en gran parte pertenece a la clase media-baja. Todo lo que tenemos nos ha costado mucho sacrificio y años de trabajo. En pocos días, el agua nos hizo perder todo lo que teníamos o nos produjo un deterioro en forma significativa; en otros casos, nos afectó por segunda vez consecutiva", expresaron desde VUA.
Por ese motivo, apelaron al gobierno provincial con el objetivo de evaluar la forma de resarcir económicamente a sus familias. En ese marco, se inscribe la audiencia solicitada al gobernador de la provincia, Jorge Obeid -que aún aguarda respuesta-, para presentar la documentación reunida por cada afectado, donde consta la evaluación de sus daños y la veracidad de lo sucedido; todo ello en carácter de declaración jurada, con el aval de dos testigos por caso.
"Pensamos que, tanto el municipio como el Estado provincial y/o el nacional, deben venir en nuestro auxilio con recursos para mitigar las pérdidas causadas. A tal fin -advirtieron- "nos amparamos en la base de lo mencionado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reza "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
A partir de diversas gestiones, los vecinos del barrio Sur de Esperanza lograron que el gobierno municipal diera prioridad a esta problemática y trabajara sobre la base de dos ideas primarias: la concreción de un alteo o defensa en el sector sur oeste, acompañado por un canal de grandes dimensiones que conduzca el agua hacia el río por el sector noroeste de la ciudad. En segundo lugar, la ejecución de un canal paralelo a las vías del ferrocarril desde calle 1 (de Mayo hacia el este, hasta su encuentro con el Canal Sur).
"La primera se encuentra en estado de anteproyecto; ante los requerimientos del Ministerio de Asuntos Hídricos, el profesional contratado por la Municipalidad trabaja en pos de darle forma definitiva. Una vez concretado el proyecto, se necesita la aprobación del Ministerio, para luego lograr que la obra y sus diferentes etapas se liciten y empiecen a ejecutarse", explicaron.
Con respecto a la segunda propuesta, se indicó que se encuentra en un estado más avanzado, "por lo que seguimos presionando para que las oficinas correspondientes dentro del Ministerio presten conformidad".
Para esto, "tenemos contacto permanente con los profesionales a cargo y seguimos de cerca el tema, ya que pretendemos que esta obra llegue a licitarse para empezar a construirse -según palabras del representante del Ministerio- antes de fin de año".
Los vecinos
también se reunieron con el intendente de Esperanza, Rafael De Pace. Le pidieron que reviera su posición con relación con el pedido de resarcimiento, debido a las condiciones en que quedaron algunas de las viviendas de esta población. Muchos de estos damnificados pertenecen a un sector económico medio y bajo y no están en condiciones de erogar sumas de dinero que oscilan entre los 10 mil y 20 mil pesos.
Exequiel Kay