Dos proyectos de ordenanza impulsados por ediles del oficialismo proponen la incorporación a la estructura municipal de agentes que se desempeñan en distintas reparticiones bajo la figura de contratos, pasantías o planes sociales. Se trata de personal que viene cumpliendo funciones en distintas reparticiones, en algunos casos desde hace varios años, pero sin integrar la grilla de planta permanente.

Se estima que son unas 2.000 personas las que trabajan en esas condiciones, cuestión que supone un doble conflicto: por un lado, constituye una forma de precarización laboral, que se agrava cuanto más extenso es el plazo en que se sostiene. Pero a la vez, su inmediato pase a planta involucra una nueva e importante erogación que quedará a cargo de la próxima gestión.

A poco de concluir su mandato, el actual intendente rechazó advertencias de la oposición que había pedido informes sobre eventuales nombramientos en la planta de personal. Y aseguró, incluso en un diálogo con este medio, que en cuatro años al frente del Departamento Ejecutivo local no había producido nuevas designaciones y que, además, la planta se había reducido en 500 agentes, en razón de jubilaciones, fallecimientos y otras causas.

Sin embargo, desde hace tiempo se viene advirtiendo sobre la existencia de contratos que el oficialismo explica en la necesidad de reforzar el plantel de inspecciones y otras actividades específicas. En alguna ocasión se llegó a utilizar la expresión de "municipio paralelo" para definir, precisamente, esta operatoria, concepto que también fue rechazado por el jefe del Ejecutivo.

Desde el gremio que nuclea a los agentes de esta ciudad se advierte sobre la necesidad de optimizar los servicios en razón de una demanda cada vez mayor, al tiempo que se rechaza toda forma de precarización laboral. Por otra parte, se insiste en el argumento de que es más económico contratar al personal que actualmente se desempeña en forma irregular que privatizar las actividades propias del municipio.

Señala además que algunas personas revisten la condición de pasantes y modalidades similares desde hace seis años, es decir, desde la gestión anterior.

Más allá de las razones que exponga cada una de las partes, de los derechos que consideren adquiridos los empleados que desde hace años cumplen tareas en diferentes áreas y con distintas responsabilidades, de la necesidad de mejorar la prestación de servicios, del crecimiento que ha manifestado la ciudad en los últimos años -cuestión que actualiza la relación entre el número de empleados y población- es obvio que una decisión de esta naturaleza debe ser consensuada con las autoridades entrantes. Pero también hay que respetar normas técnicas, criterios de mérito y el bolsillo de los contribuyentes, que son quienes pagan estas fiestas políticas.

Por fin, la incorporación masiva que se pretende rompería la ecuación aceptada del 1 por ciento de la población, ya que el plantel equivaldría a una ciudad de 600.000 habitantes, concepto, a su vez, que la informatización de los servicios y los nuevos modos de gestión ponen en tela de juicio.