Un proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información -marcadamente regulatorio- se prepara en el Senado santafesino. Sus principales lineamientos, que provienen de otro proyecto de ley en el Congreso nacional -cuya autora es Cristina Fernández de Kirchner-, procuran poner límites al genuino interés público.

En rigor, de acuerdo con la legislación comparada mayoritaria, cualquier ciudadano, por sólo serlo, puede dirigirse al Estado para reclamar alguna información. Pero en Santa Fe, los senadores se aprestan a bloquear ese acceso.

La iniciativa regulatoria confunde a la información que existe en el sector público con la del ámbito privado: sostiene que los ciudadanos podrán reclamar también a las empresas ciertas informaciones, tal como con el Estado. Es un punto que -además de difícil cumplimiento- resulta antojadizo y anticonstitucional.

El texto normativo propuesto por los senadores del justicialismo es muy diferente del que ha aprobado la Cámara de Diputados por unanimidad, que proviene del mensaje enviado por el gobernador Jorge Obeid y que además cuenta con la adhesión pública de numerosas entidades intermedias y organizaciones gubernamentales, que tienen a la lucha por la transparencia en el Estado como una de sus preocupaciones centrales.

Todas las entidades que agrupan a la actividad periodística, desde los gremios hasta los foros de periodistas, también sostienen que la ley que necesita Santa Fe es la que proviene de la Cámara baja. Y que no deben ponerse condicionamientos al derecho de acceso a la información. Por el contrario, debería seguirse la tendencia internacional: más de una docena de países de Latinoamérica modernizaron sus legislaciones.

Los impulsores del proyecto regulatorio -quienes antes aumentaron los subsidios a $ 20.000 por banca- adelantaron que es probable que esta semana el expediente reciba la media sanción, y así pase a la Cámara de Diputados. Para atenuar las críticas se ha hecho saber que el polémico "interés legítimo" será eliminado y que sería cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) quien reglamente internamente el ejercicio del derecho, algo en lo que también se sigue el discutible criterio nacional. El texto mantiene numerosas referencias al concepto de confidencialidad, que ya tiene una legislación específica.

Además de sostener la posición histórica de la mayoría justicialista de los representantes de los departamentos, la iniciativa tendrá otro efecto, que no puede pasarse por alto. Funcionará como una suerte de tapón a la posibilidad de que se llegue a un texto razonable.

Está claro que los senadores no quieren que se repita lo ocurrido con la derogación de la ley de lemas, un cambio que nunca avalaron, pese a la fuerza del reclamo político y social contra ese sistema electoral.

Ahora, el problema radica en la percepción, por parte de algunos segmentos políticos, del hipotético empleo de la información transparentada para atacar a funcionarios y representantes. Entre tanto, la experiencia indica que los principales beneficiarios de la norma han sido los políticos, que han ganado confiabilidad y respetabilidad.