De la Redacción de El Litoral

La noticia de que tres internos del penal de Coronda, con salidas transitorias para estudiar, fueron detenidos el 3 de octubre en un videojuego, generó la reacción de los organismos administrativo y judicial del ámbito carcelario.

El primero fue el juez de Ejecución Penal, Julio César Arri, quien desmintió, la semana pasada, que los presos no hayan estado inscriptos en el curso. Mientras que el director del Servicio Penitenciario, Jorge Bortolozzi, responsabilizó al Organismo Técnico Criminalístico por la falta de controles.

Arri dejó en claro que consta en los expedientes de los tres internos cuestionados que todos ellos estaban inscriptos al curso. No obstante, la directora del establecimiento educativo en que se dicta el curso de gasista al que debían asistir, confirmó que sus nombres no figuran en la lista.

En definitiva, fue el Organismo Técnico Criminalístico el que "no chequeó debidamente la concurrencia de los presos" y "lo asumen como un error", aseguró Jorge Bortolozzi. A causa de ello "hay un trámite interno" para saber qué ocurrió.

Según el director del servicio, la profesional a cargo del organismo en cuestión, habría dicho que "no se ejerció el control por falta de comunicación u olvido, y se hace responsable del error".

"Llama la atención en los prontuarios de los internos, que en las entrevistas jamás le preguntaron de este curso para ver si hubo avances. En los informes debería haber figurado, porque salían todos los días", indicó el titular del servicio.

Como consecuencia, a los internos se los sacó del pabellón de buena conducta y "fueron retrotraídos", lo que significa "una pérdida de confianza y baja la calificación de la conducta".