Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
La Cámara de Senadores aprobó -con dos modificaciones de fondo- un proyecto de ley que busca intervenir en la relación entre los empleados públicos y sus acreedores.
El texto regresó con media sanción a la Cámara de Diputados, cuyos miembros podrán insistir con su versión inicial de la norma (y entonces repetir el periplo) o aceptar el criterio de los senadores para asegurarse la sanción de la ley.
Se trata del texto que había impulsado Alberto Maguid, titular de UPCN, al que los senadores por unanimidad hicieron dos cambios: le quitaron la posibilidad de una eventual privatización del ente que contará con información centralizada sobre los créditos tomados por los empleados públicos, y creó lo que consideraron mejores condiciones para obtener una refinanciación de las deudas.
El Senado trató el tema sobre tablas, porque -aunque la mayoría de las comisiones había despachado el proyecto- restaba el de la última: Asuntos Constitucionales. Los bloques acordaron los dos tercios y por unanimidad aprobaron y modificaron el texto que venía de la Cámara Baja.
Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) dijo que las modificaciones también tienden a poner en una posición mejor a la parte más débil de la negociación: los empleados públicos deudores de las financieras. Es que el proyecto a sancionar busca crear un mecanismo para que cada empleado defina el orden para saldar sus deudas, según quién le ofrezca una financiación menos cara.
Más de 80 mil agentes tienen parte de sus sueldos ya gastados por las cuotas de los planes de financiación por la compra de artículos para el hogar o créditos de todo tipo.
Existen 165 firmas que tienen garantizado el cobro de sus acreencias, porque es el propio Estado quien hace las retenciones a los agentes y se las deposita en sus cuentas.
La norma en debate en la Legislatura ha previsto alcanzar a todos los haberes, tanto de activos como de pasivos, de los tres Poderes del Estado provincial.
Debe advertirse que el intento de avanzar con una ley que ponga algún límite al otorgamiento y uso de los códigos de descuento se posterga desde hace años en la Legislatura.
Tal como ocurre ahora, en otros períodos hubo también medias sanciones de ambas Cámaras, que finalmente nunca pudieron convertirse en ley, por las posiciones encontradas.
Es obvio que existe un fuerte lobby de las entidades titulares de esos códigos, que tienen además la garantía del propio Estado, al momento de otorgar un crédito o ayuda a un afiliado.
Los ingresos de empleados con estabilidad laboral garantizada por la Constitución y la garantía de que el Estado se encargará de hace el respectivo descuento de las cuotas, convierten a los agentes provinciales en seguros pagadores de las cuotas de sus préstamos.
Al exponer el sentido de las correcciones al texto votado por los diputados, Mercier recordó que éstas habían sido también producto de consultas con funcionarios del Ejecutivo. Y subrayó que cuentan con el consenso de todos los bloques.
"Hemos privilegiado que el Centro énico de Descuentos sea un ente exclusivamente estatal: es responsabilidad ineludible del Estado provincial su control", dijo Mercier y agregó: "Nos pareció inconveniente poner en manos de sectores privados la información de todos los agentes públicos pasibles de estar en esta situación de deudas. Queremos devolver a los agentes públicos (endeudados) la posibilidad de que como mínimo cobren en efectivo el 50 % de sus salarios. Y buscamos una salida operativa al conceder noventa días para acordar con sus acreedores una nueva refinanciación de sus deudas".
El ex ministro de Hacienda explicó que se busca ahora crear mejores condiciones para una negociación del agente con sus acreedores, ya que cada agente podrá elegir a qué deudas honrar primero según la refinanciación ofrecida.
Mercier recordó luego, en diálogo con los periodistas, que como funcionario de Carlos Reutemann intentó también -aunque por vía de decretos- quitar los descuentos automáticos. Y que no lo logró porque hubo recursos de amparo presentados por los acreedores, que fueron concedidos por los jueces para que los descuentos automáticos continuaran.
Antecedente
En los últimos aumentos otorgados por el PE a sus agentes, en muchos casos, se preservó esa mejora del descuento. El sistema tiene años e incluso ya hubo intentos de ponerle coto por parte del gobierno que encontraron resistencia en la Justicia, la cual concedió amparos a entidades que dijeron haberse visto perjudicadas con decisiones consideradas unilaterales por parte del poder administrador.
Luis Rodrigo