El cambio de signo político en el gobierno en la provincia de Santa Fe es un hecho inédito desde la restauración de la democracia, en 1983 y, como tal, conlleva una serie de aspectos de compleja resolución. Máxime cuando, como en el caso santafesino, el período de transición -es decir, el que se extiende entre la elección de las nuevas autoridades y su asunción en el cargo- supera los tres meses.

Por cierto, la prolongación de esta etapa no obedece a un error de cálculo político, sino a una exigencia constitucional, que no se compadece con la actual dinámica institucional ni con las previsiones en otros distritos o países, y que seguramente deberá ser revisada en el marco de una eventual reforma.

Mientras tanto, la forzada convivencia entre autoridades aún no salientes y equipos todavía no entrantes se está desarrollando con suerte dispar en diversos planos. Por lo pronto, no se registran a nivel de la provincia los escándalos que sí jalonan este momento en varias administraciones municipales -y, particularmente, la capitalina-, que dejan al descubierto un trasfondo de desorden administrativo y prácticas cuestionables, que buscan preservar o prolongar beneficios adquiridos o comprometidos a costa del erario público o la gobernabilidad futura.

Por el contrario, en materia económica se destacó la "buena disposición" de ambas partes. Cabe inferir que esta concordia tiene como base y antecedente una gestión cuidadosa y ordenada. En esos términos, fue posible discutir algunas líneas de consenso, así como prever una serie de ajustes en la distribución de partidas presupuestarias, aunque sin el paralizante condimento de la confrontación o la percepción del desmadre.

Por cierto, no estuvieron exentos de polémica tanto de algunas nominaciones como de algunos nombramientos -son inocultables las presiones por muchos más-, pero es evidente que, en casos como éstos, la disciplina contable reditúa.

De cualquier forma, hay otras áreas político-institucionales donde los sacudones son mayores y pueden proyectar dificultades importantes en una transición tan dilatada. Por caso, la vehemencia con que el futuro ministro de Justicia cargó contra la reforma judicial en curso y la participación de la Corte en ella, y apuntó contra los propios cimientos del Plan Estratégico, cuya principal sustentación son el consenso y la amplia participación de todos los sectores involucrados.

La particular situación, que no permite tomar decisiones a quienes tendrán responsabilidades gubernamentales en el área dentro de algo más de un mes, pero que, a la vez, descalifica a la forma y a las personas que lo vienen haciendo como continuidad de una acción estatal de largo aliento, oscila entre los riesgos del exceso y la inmovilidad, atravesando algún nivel de imprudencia.

Quizás, tanto en éstos como en otros temas, la permanencia de cuadros técnicos de gestión profesionales y sin ataduras partidarias permitiría atenuar impactos y dotar de mayor serenidad a los recambios. Una experiencia que, en todo caso, la provincia -por razones electorales, pero, también, de concepción del ejercicio del poder- no tuvo oportunidad de llevar adelante hasta ahora y que puede ser un desafío importante en pos de una mayor calidad institucional.