Apuntes de política provincial
Palabras polémicas
Por Teresa Pandolfo

"Ingreso al Poder Judicial plenamente consciente de que la demanda de Justicia se ha elevado como una de las principales causas de descontento de la ciudadanía", dijo el doctor Daniel Erbetta al jurar como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Discurso que transmite un mensaje perceptivo del divorcio existente entre sociedad y Justicia, hecho que este jurista, por sus palabras, asume en plenitud.

Cuando habla de su juramento como integrante del máximo tribunal, lo hace desde "un compromiso que tiene como condición esencial de la función la profundización de la independencia institucional en el sentido más amplio y cabal: independencia externa, es decir, respecto de los otros poderes del Estado (...) pero también independencia funcional, es decir, hacia adentro de la propia estructura, porque -dice- una de las más grandes afectaciones a la independencia judicial pasa por la dependencia de los jueces respecto de la estructura burocrática en la cual están inmersos, a la dependencia que generan la delegación de funciones y las prácticas rutinarias". Inmediatamente después, Erbetta toma como tema la importancia de democratizar la Justicia y al concepto lo glosa desde distintos puntos de abordaje.

Polémica

Nada de lo dicho por el doctor Erbetta en dos carillas y media resultó ocioso en estos días en que, a partir de la emblemática sentencia de la Corte Nacional que dispone la revisión de la condena del ex juez Carlos Fraticelli y de su esposa Graciela Dieser, los tres poderes del Estado santafesino alcanzaron el consenso de encarar un Plan Estratégico para la Reforma de la Justicia Santafesina.

Cabe recordar que, en aquel fallo, la Suprema Corte de la Nación sostiene que no se respetaron las garantías de imparcialidad y habla "de la debilidad del sistema judicial que rige en Santa Fe".

En el Plan Estratégico participaron, además de funcionarios, jueces y legisladores de partidos con representación parlamentaria; delegados de los colegios de Abogados -excepto el de Rosario- y de las facultades de Derecho con asiento en el territorio santafesino.

El Colegio de Abogados de Rosario objetó desde el primer momento la participación en este esquema de trabajo de los integrantes del Poder Judicial, pero las demás representaciones concurrieron con ideas y propuestas, que en distintas comisiones fueron dando a luz anteproyectos de nuevos Códigos Procesales: Penal, del Menor, Civil y Comercial y el proyecto de ley de Ministerio Público.

El Código Procesal Penal -que introduce el juicio oral- tuvo ya sanción por parte de la Legislatura y en dicho ámbito está la otra iniciativa que completa la reforma penal: la ley de Ministerio Público.

En estos días, además del juramento de los Dres. Erbetta y Agustín Bassó -este último como procurador de la Corte-, se ha asistido a un debate público con quien va a desempeñarse como futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Hermes Binner: el doctor Héctor Superti. Reconocido profesional de Rosario y profesor de la cátedra de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la UNR, al igual que su colegio profesional discrepa con la intervención que ha tenido el Poder Judicial en el diseño de la reforma en marcha. Superti ha llegado a calificar, en declaraciones a El Litoral, de "inconstitucional" al Plan Estratégico.

La opinión del futuro ministro merece todo respeto, como también la de esta periodista, quien considera que esas declaraciones fueron, por lo menos, imprudentes.

�Por qué esta apreciación?

El número de votantes obtenido por el Frente Progresista Cívico y Social habla a las claras de que la ciudadanía buscó, en la provincia, una instancia superadora dada por un cambio de signo político. En el imaginario colectivo hay esperanzas de un escenario que resuelva con una mayor cercanía las necesidades cotidianas, a partir de un mejor desempeño de los poderes públicos.

Pero también esa ciudadanía, que procuró con su voto el triunfo del Frente Progresista, quiere paz y no incertidumbre. No ha buscado que el hombre político le traiga zozobra adicional a la que a diario debe vivir. Quiere marcos legales en los cuales encontrar seguridad para su desenvolvimiento como hombre común. �Puede pensarse que todos los otros participantes de la reforma judicial se equivocaron o no supieron ver un punto de tanta importancia como si era procedente o no la intervención del Poder Judicial en el diseño de los anteproyectos? Si fuera así, hasta los representantes de las universidades que integraron las comisiones deberían renunciar a sus cátedras por desconocimiento mínimo de la Constitución.

En declaraciones a este diario, el doctor Roberto Falistocco recuerda que la Constitución de la provincia, en su artículo 92°, inciso 7mo., faculta a la Corte Suprema "a proponer en cualquier tiempo reformas de organización o de procedimiento encaminadas a mejorar la administración de Justicia". El máximo tribunal dio marco, junto a las autoridades de los otros dos poderes del Estado, al Plan Estratégico. Años atrás, fue la Corte la que propuso la creación de las Cámaras Contencioso Administrativas de Rosario y de Santa Fe, competencia que antes sólo tenía el máximo tribunal. Otro ejemplo a mencionar es que este tribunal viene proponiendo un fuero propio para la Justicia Electoral.

Esta periodista no quiere entrar en especulaciones tales como que el Dr. Superti haya buscado con estas declaraciones hacerse aliado del Colegio de Abogados de Rosario para su futura gestión. Tampoco quiere recordarle que el territorio de la provincia de Santa Fe excede los límites del municipio de la ciudad del sur. Esto, no sólo dicho en términos de hectáreas, sino por el respeto a los consensos alcanzados entre los otros actores que han originado los anteproyectos surgidos del Plan Estratégico.

Conocidos los dichos de Superti, tanto desde el Ministerio de Gobierno como de la Presidencia de la Corte y de muy allegados al doctor Binner han tratado de evitar la polémica y privilegiado los tramos de la entrevista en los que se habló de diálogo. Pero es indudable que existe un interés específico en marcar que habrá un cambio, el que recién se habrá de avizorar -siempre que se produzca- con el andar como gobierno del Frente Progresista y Cívico.