Tal como habían acordado con el gobierno antes de las elecciones nacionales, pasado el 28 de octubre los gremios reflotaron su reclamo para que el gobierno elimine el tope salarial de 4.800 que se toma para calcular las contribuciones patronales que se destinan a las obras sociales y se lo suba a $ 6.750, el mismo monto que se toma en cuenta para el aporte jubilatorio.

De acuerdo con la información publicada por el diario Clarín, este pedido se suma al de una suba de la cuota de salud de los monotributistas y el personal doméstico, que actualmente es de 24,44 pesos por mes, y un aumento en la cápita que el Pami abona por los jubilados.

Las obras sociales sindicales manejan unos 7 mil millones de pesos anuales por recaudación de aportes y contribuciones patronales y cuentan con 15,7 millones de afiliados, incluyendo a los 3,8 millones de jubilados de Pami.

El pedido de los sindicatos se incluye en el marco del aumento autorizado para la medicina prepaga del 24 % anunciado la semana pasada y en el acuerdo alcanzado por el gremio de la sanidad, que incrementó los costos del sector.

De acuerdo con la legislación vigente, el empleador aporta por salud el 6 % sobre los sueldos, con un tope de 4.800 pesos, el mismo límite que se toma, además, para el fondo de redistribución y las Administradoras de Riesgos de Trabajo. Pero en el resto de las contribuciones -jubilación, asignaciones familiares, Pami y Fondo de Empleo- se calcula sobre la totalidad del sueldo, ya que los topes fueron eliminados en octubre de 2005.

Por su parte, los empleados aportan por su jubilación hasta un tope de $ 6.750, mientras aportan al Pami y a la obra social hasta $ 4.800, aunque ganen más.