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El gobernador electo de esta provincia, Hermes Binner, rechazó el aumento a las retenciones anunciadas ayer por el gobierno nacional y reclamó que el aporte que hace la provincia en este concepto "vuelva en caminos, en producción, en mejoras sociales. Tenemos que recuperar de alguna manera ese dinero", subrayó.
Desde Mar del PLata, donde participó del Congreso de Idea, Binner le dijo a medios de comunicación de la provincia que participan de la cobertura de la reunión, que la medida "es una mala noticia" y marcó la diferencia que existe con las provincias petroleras porque no pagan este derecho de exportación. "Somos discriminados", aseguró.
"Creemos que es muy malo, es un impuesto que no es coparticipable mientras las provincias petroleras reciben regalías por la explotación de ese recurso", apuntó al portal de noticias Rosario3.com, al tiempo que aseguró que parte de ese recurso "podría usarse para solucionar el problema de los santafesinos que toman agua con arsénico, o del 60 por ciento que no tiene cloacas".
En tanto, el futuro ministro de Hacienda, Ángel Sciara, expresó la voluntad del gobierno de reclamar parte de las retenciones tomándose de un artículo de la ley de coparticipación que expresa que ninguna provincia puede recibir menos del 34 % de las rentas coparticipables y no coparticipables y hoy está recibiendo alrededor del 27 %.
"Yo he dicho que las retenciones vienen para quedarse y creo que será así. Es muy difícil encontrar un tributo que recambie las retenciones cuando éstas comienzan a tener volúmenes impresionantes y conforman una parte importante de la recaudación del Estado nacional, que para mejor de la administración central no se coparticipan", le dijo al portal de noticias ON24.
Por su parte, el secretario de Agricultura de la Nación, Javier de Urquiza, recalcó que toda instancia de diálogo con el sector agropecuario "sigue abierta", y aseguró que las entidades rurales ya le hicieron llegar un pedido de audiencia para interiorizarse en la medida.
"Hay una definición que dio el ministro Peirano en Casa de Gobierno, de que toda instancia de diálogo sigue abierta y que habrá que ir buscando los momentos oportunos para trabajar en el tema. Y en eso nada ha cambiado", aseguró De Urquiza.
En ese sentido, el secretario dijo haber recibido ayer "un pedido de audiencia de las entidades". "Y está pendiente eso", agregó.
En respuesta a las críticas recibidas por parte de las entidades del campo, el secretario de Agricultura aclaró que "el gobierno tiene derecho constitucional y responsabilidad de tomar las medidas que considere necesarias en el ambiente económico".
Además, De Urquiza, aseguró que el incremento en las retenciones tiene como objetivo reasignar recursos para el desarrollo rural y la atención a pequeños productores, y ratificó que "de ninguna manera" afectará la rentabilidad del sector.
El secretario informó que los recursos obtenidos, que estimó en un incremento de 4.000 millones de pesos, serán utilizados "para el desarrollo rural y para la atención de los pequeños productores, generando políticas activas que permitan la especificidad de las características productivas del sector".
"Si bien tiene una característica de recaudación, es importante ver hacia dónde se reasignan esos recursos", resaltó De Urquiza.
El secretario aseguró también que se van a mantener las compensaciones.
Con respecto a la reapertura de los registros de exportaciones para trigo y soja, confió en que se realiza "a posteriori" e "inmediatamente" luego de que se den a conocer los nuevos valores de retenciones.
Las cuatro entidades representativas del agro manifestaron su disconformidad y rechazaron el aumento de las retenciones a las exportaciones de los principales granos.
En un comunicado firmado por sus presidentes, la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativas Agropecuarias (Coninagro) expresaron su abierta oposición al incremento en los derechos a las exportaciones.
"Lamentamos esta medida unilateral tomada por el gobierno que, con una clara actitud recaudatoria, perjudica a los productores, a todos los pueblos del interior y a las economías provinciales", expresa el documento.
La nota prosigue subrayando que, "ante la convocatoria de la señora presidenta electa a no confrontar y al diálogo, las entidades le requerimos una entrevista urgente que nos permita evaluar en conjunto estas decisiones y el rumbo de la política agropecuaria del país".
Los dirigentes de la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, Adrián Pérez y Susana García, rechazaron los aumentos a las retenciones a las exportaciones agrícolas anunciados por el gobierno, medida que calificaron de "regresiva e injusta", porque apunta a "preservar el equilibrio fiscal a costa del esfuerzo de los productores agropecuarios argentinos".
"Desde la Coalición Cívica consideramos equivocada la suba de retenciones a la exportación de granos ya que el único fin de dicha medida es obtener mayor recaudación para mantener el equilibrio fiscal, a costa del esfuerzo de los productores agropecuarios argentinos", señalaron los dirigentes.
Los dirigentes criticaron el "sistema regresivo e injusto" aplicado por el gobierno, que "aplica las mismas retenciones a los pequeños y medianos productores, que a los grandes grupos de siembra, concentrando lo recaudado en el Estado nacional, para distribuirlo entre sectores afines vía `superpoderes"'.
Stolbizer, García y Pérez propusieron como alternativa "una baja gradual de las retenciones a la exportación de granos, acompañada de una reforma tributaria integral, de modo que tributen más los que más tienen y de que se coparticipen en forma equitativa los ingresos del Estado nacional a las provincias y municipios".
Los productores
sostienen que el alza de las retenciones provocará más endeudamiento y caída de la inversión. Según explican, hasta antes del anuncio del gobierno, a los productores les quedaba 2,20 ó 2,25 pesos por dólar. Ahora la cifra será menor. "Casi peor que en la convertibilidad", apuntó Pedro Apaolaza, presidente de Carbap. En Santa Fe, Néstor Vittori, vicepresidente de Carsfe, admitió que los productores "están enojadísimos con la decisión del gobierno".
De la redacción de El Litoral