Néstor Kirchner probó en Santiago de Chile, en plena Cumbre Iberoamericana, una medicina que él es proclive a dispensar en el ámbito doméstico: la de los hechos consumados. La decisión del gobierno de Tabaré Vázquez de autorizar el inicio del funcionamiento de la planta pastera de la empresa finlandesa Botnia en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, cayó como un balde agua fría y produjo un pico de tensión en una relación ya muy caldeada, pese al rol "facilitador" que intentó el rey de España, Juan Carlos de Borbón, para acercar a las partes.

Ni Tabaré Vázquez, del lado uruguayo, ni Kirchner, del argentino, ayudaron mucho para que el intento real llegara a buen puerto. Ambos privilegiaron las repercusiones domésticas de sus actos y sus gestos antes que la búsqueda de una salida al conflicto.

Ni siquiera el desistimiento de la construcción de la planta que había proyectado en la misma zona la española Ence fue aprovechado en su momento para intentar una aproximación constructiva. Uruguay no intentó que Botnia interrumpiera siquiera por unos meses el avance de la planta. De este lado, el breve lapso en el que los asambleístas dejaron de lado los cortes a los puentes internacionales no fue acompañado de una política oficial que se diferenciara nítidamente del terminante "No a la papelera" (que antes había sido "No a las papeleras"), consigna que no admite otra cosa que el renunciamiento unilateral de Uruguay a la más grande inversión directa extranjera en su territorio, con todo lo que ello implica en términos de empleo, exportaciones y posibilidades de desarrollo.

Una vez retomados, los cortes fueron aceptados por el gobierno argentino como si fueran un ejercicio de libertad de expresión y no una mengua a las libertades de transitar y trabajar. En ningún momento quiso Kirchner arriesgar costo político alguno y usar el poder del Estado para impedirlos, pese a que algunas encuestas detectaron que hasta un 70 por ciento de los lugareños estaba en contra de los mismos. No será la primera ni la única vez en que el activismo de una minoría prevalece sobre la opinión de la mayoría. En este caso, además, lo hizo con la tácita aquiescencia oficial.

Aunque en apariencia impecable, el argumento argentino de que Uruguay violó los estatutos bilaterales del río Uruguay, sobre cuyo mérito legal se pronunciará en algún momento la Corte Internacional de Justicia de La Haya, parece débil frente al tamaño del hecho consumado y hace improbable un fallo al gusto de los asambleístas, cuya "causa" Kirchner prometió no abandonar nunca. Tanto la Argentina como Uruguay perdieron la oportunidad de establecer un régimen de monitoreo ambiental bilateral, que incluso podría haber servido como modelo para el futuro. Difícilmente la planta de Botnia sea el último conflicto de este tipo. Las cuestiones ambientales se resisten a los límites fronterizos y también al blanco o negro implícito en las apreciaciones de la presidenta electa de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que, una vez que la planta esté en funcionamiento, se verá si contamina o no. Como si no hubiera cuestiones de niveles, regímenes de control, modos de remediación y evaluaciones de costo/beneficio.

Para que internacionalmente se fallara por el cierre de la planta por polución, contaminación o cosas parecidas, se debería producir una verdadera calamidad ambiental, riesgo del que a priori la Argentina está más cerca en su geografía interior, en industrias perfectamente al alcance de la legislación nacional.

Hace apenas semanas, el gobierno argentino procedió a clausurar, más por apriete que por política ambiental, una planta refinadora de Shell, decisión que revocó antes de que el cierre se hubiera completado, debido al fantasma de una agudización de la escasez de gasoil. La propia política de energía barata para los sectores medios y altos -mucho más barata que en los países limítrofes, aunque sepa a derecho adquirido y cualquier aumento se vea como una exacción- es un atentado al medio ambiente.

El mega-descubrimiento petrolero que Petrobras acaba de anunciar en Brasil es casi impensable en la Argentina K, en la que Repsol prefiere vender una parte sustancial de YPF para invertir el producido en países como Libia. No se trata de si Petrobras es estatal o no, sino de la diferencia entre un Brasil que revirtió su larga dependencia energética y petrolera, y una Argentina que bajo la lógica K está recorriendo el camino inverso. Y ni hablar de beneficios como la "estabilidad fiscal" al sector minero, concedida en los oprobiosos noventa, pero ampliada luego, para favorecer a un sector caro al kirchnerismo y a sus aliados provinciales.

Sergio Serrichio (CMI)