La ministra de Educación, Adriana Cantero, se fijó como meta dejar preparado el proyecto de ley educativa provincial, y así lo hizo. Por estos días, y tras haber soslayado la resistencia en varios frentes, está llegando a las escuelas el documento titulado "Una política de Estado para la educación santafesina. Síntesis final".
Recién salida de la imprenta oficial, la publicación contiene una presentación donde asegura que el proyecto de ley es producto del debate con docentes y distintos protagonistas del sistema educativo. Luego expone una síntesis de lo discutido en la Mesa Ampliada con los representantes de la comunidad y, finalmente, presenta el proyecto per se con sus 164 artículos.
Como epílogo, se asegura que el escrito podrá "ser corregido, mejorado y rediscutido" dado que la pretensión es "señalar un rumbo, establecer bases para una política de Estado".
Como se recordará, la gestión entrante de Hermes Binner le pidió al actual gobierno que no envíe a la Legislatura ningún proyecto de ley educativa. En ese mismo sentido, se pronunció el gremio Amsafe, de la docencia pública, que no participó de la convocatoria de Cantero a debatir sobre la futura ley en la Mesa Ampliada. Solamente, envió un documento crítico y algunas líneas de reflexión, pero no estuvo presente en las rondas de consulta.
"Enviamos el documento a la Casa de Gobierno, y lo estamos repartiendo en las escuelas y a los miembros de la comunidad que participaron del debate. También se lo remitiremos a los legisladores y a las autoridades entrantes", señaló a El Litoral la ministra Cantero.
Consideró que el texto de ley "es un muy buen trabajo" y evitó opinar sobre si Jorge Obeid debería enviar el mensaje a la Legislatura para su tratamiento. "Es una decisión que tiene que tomar el gobernador", se limitó a decir.
De no hacerlo, señaló que el trabajo no habrá sido en vano puesto que "la reflexión y la participación son marcas que quedan en los actores, que son los mismos que supuestamente tendrán que producir otro trabajo".
Sobre el contenido, el proyecto no define a la educación como un servicio público esencial, una cuestión que ponía en alerta al sindicato docente que ve en esa concepción una restricción al derecho a huelga.
Sin embargo, introduce otras cuestiones que generan controversia. Por ejemplo, la idea de incluir a la familia como "agente natural y primario" de la educación, y de considerar entre los fines de la enseñanza la formación integral de las personas, que incluye la "dimensión religiosa". Estos conceptos son vistos por algunos sectores como un avasallamiento a la educación laica.
El proyecto propone, además, la creación de un Consejo Consultivo de la política educativa, y promueve que las escuelas privadas que atienden a la población de menores recursos sean incluidas en los aportes regulares que el Estado provincial destina, por ejemplo, a mantenimiento e infraestructura.
