El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, emitió hoy tres decretos presidenciales con los que restauró la Constitución y puso fin, tras 42 días, al estado de excepción vigente en el país.

"La excepción está revocada. El presidente Musharraf ha firmado la orden revocando el estado de excepción", dijo el portavoz del gobierno, Anwar Mahmood, en declaraciones recogidas por el canal de televisión paquistaní Geo TV.

El fiscal general del Estado, Malik Qayyum, había anunciado en un comunicado el restablecimiento de la Constitución paquistaní y el fin de la Orden Constitucional Provisional que regía el país desde la declaración del estado de excepción.

Qayyum, cercano colaborador del presidente, aseguró que Musharraf ha cumplido sus compromisos y adelantó que las elecciones del próximo 8 de enero podrán celebrarse ahora con normalidad.

Musharraf, que se dirigirá hoy a los paquistaníes en un discurso televisado, había decretado el estado de excepción, según aseguró el 3 de noviembre, por el deterioro de la ley y el orden en el país y por la "injerencia" del Poder Judicial en la tarea de gobierno.

Para muchos analistas, sin embargo, Musharraf se proponía en realidad someter al Tribunal Supremo, que debía pronunciarse sobre la validez de su candidatura presidencial para un segundo mandato, con una decisión seguramente adversa al presidente.

En virtud del estado de excepción, los jueces estaban obligados a jurar de nuevo sus cargos ante el presidente para continuar en ellos, pero sólo cinco se avinieron a hacerlo y los demás fueron sustituidos por otros en teoría más afines al presidente.

Ese tribunal remodelado desechó el caso y desestimó todos los recursos contra Musharraf, ante quien los catorce jueces de la Corte han jurado hoy la recién restaurada Constitución.

El presidente se aseguró anoche de que sus maniobras respecto al Tribunal no tendrán marcha atrás, al aprobar varias enmiendas constitucionales que dan protección y continuidad a los nuevos jueces y consagran el retiro definitivo de los anteriores.

Musharraf había promulgado el 21 de noviembre otra enmienda que calificaba como "válida" la forma en la que había declarado el estado de excepción e impedía que ésta pueda ser "puesta en cuestión por ningún tribunal o foro".

En este contexto, la restauración de la Constitución ha sido criticada por asociaciones como Human Rights Watch (HRW), que desde Estados Unidos afirmó que el fin del estado de excepción, tras las reformas de Musharraf, no significará la vuelta de un derecho constitucional genuino.