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La que cierra quizás haya sido la semana más ajetreada para el sector tambero desde los estallidos de 2001 y 2002. En tan sólo tres días, entre el martes 11 y el viernes 14, el conflicto pasó del bloqueo de 6 plantas lácteas en territorio santafesino hasta el acuerdo con la industria de negociar los reclamos de la producción la semana entrante. En el medio hubo de todo: una demanda judicial que por momentos pareció que avivaría las llamas, rumores de reunión con Moreno, mediaciones de la flamante gestión Binner, declamaciones de Javier De Urquiza lamentándose de que "las amas de casa hoy tienen que estar pendientes de los bloqueos", una conferencia de prensa de la Mesa Nacional de Productores ratificando la lucha y una mesa negociadora de último momento en el Ministerio de la Producción santafesino que abrió un paréntesis y liberó los portones de las usinas.
Lejos de estar resuelto, el conflicto se transformó en desafío. Sobre todo para la dirigencia tambera, ahora obligada a conseguir los resultados que los productores reclamaron en las asambleas de Nuevo Torino y San Francisco, pero por la misma vía que las bases repudiaron ya cansadas del manoseo de "negociar eternamente", desde 2002 a la fecha, en todo tipo de comisiones, reuniones, mesas, grupos y demás, sin que nunca se modifique ni un ápice el status quo planteado por el sector industrial.
Fieles a la aclaración de que el enfrentamiento era con las industrias y no con el gobierno, los tamberos esperaron a que asuma Cristina Fernández y recién después pasaron a la acción. En la madrugada del martes se interpusieron a la salida de productos lácteos elaborados en 5 plantas: Saputto en Rafaela, Williner en Bella Italia, Sancor en Sunchales y las de Verónica en Lehmann y Classon. Al otro día sumaron a la sede de Milkaut en Franck.
Durante la protesta primó la moderación y una aceitada logística para que los 400 productores alistados como voluntarios cumplan turnos al frente de las usinas sin descuidar sus explotaciones. Así pudieron verse grupos de no más de 50 o 60 tamberos que no sólo impedían la salida de productos, sino que también controlaban los camiones que arribaban a las plantas para asegurarse que ingresaran leche y no insumos para su industrialización. Además implementaron un sistema de retención de los vehículos de modo tal que sólo entraban cuando llegaba el siguiente, con media o una hora de espera, tiempo suficiente para complicarle el procesamiento de la materia prima, programado en forma continua.
El miércoles por la mañana, en respuesta a una demanda judicial presentada por las industrias, el juez correccional de Rafaela, Osvaldo Carlos, se presentó al frente de la sede de Williner en Bella Italia, dialogó con tamberos e industriales, documentó el bloqueo mediante registros fotográficos, y advirtió que ordenaría el desalojo. Finalmente la medida no llegó a concretarse en virtud del principio de acuerdo suscripto entre las partes durante la madrugada del viernes en el Ministerio de la Producción.
Entre medio, empezaban a circular rumores de acercamiento entre las partes y la Mesa Nacional de Productores brindó una conferencia de prensa el jueves la mañana en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe con el objetivo de "transmitir conceptos importantes para que conozca la sociedad". Por ejemplo, que la cuestión precio, aunque de gran importancia en la discusión, era una "situación mediática" y que otras cuestiones estructurales constituían las verdaderas causales de la medida de fuerza. En particular el abandono del sector industrial de las negociaciones de la Comisión II donde se trabaja en tres puntos centrales: mecanismo de fijación de precio (que ahora se llama "mecanismo de formación de una banda de precios de referencia sobre variables reales del mercado"); transparencia de la cadena láctea ("saber con cuanto se queda cada eslabón, desde el tambero hasta el supermercado", explicó la dirigencia); y planificación de la oferta, para evitar desequilibrios entre la disponibilidad de leche y el abastecimiento del mercado interno y las ventas al exterior.
Luego de tocar todos los temas, entre los que no faltó el rol de Sancor y La Serenísima en el conflicto (todos coinciden en que el precio de referencia a $0.78 es otro salvataje para estas firmas, fuertemente comprometidas con el gobierno nacional y su plan de control de precios) se concluyó que la disputa se encaminaría a una resolución sólo con el compromiso de los estados provincial y nacional de ser garantes de un nuevo acuerdo con la industria.
Aparentemente eso fue lo que ocurrió en las últimas horas del jueves 13 y las primeras del viernes 14 en la cartera que conduce el rafaelino Juan José Bertero.
Ahora -una vez más- es cuestión de tiempo; que se acerquen las partes; que encuentren puntos de acuerdo; pero por sobre todas las cosas, que los estados se comprometan a pasar del rol "facilitador" al de "garante" para que las partes respeten los contratos. Sin este apoyo los tamberos estarán perdidos nuevamente.
Juan Manuel Fernández [email protected]